El panorama político se ve nuevamente envuelto en una nebulosa de incertidumbre con el reciente destape de Pablo Bustamante Beltrán como candidato potencial a la presidencia municipal de Benito Juárez, de la cual, en días pasados, el propio Bustamante aseguró es uno de sus sueños.
De la mano del aspirante presidencial de Morena y sus aliados, Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en un evento en Cancún realizado en semanas pasadas, que parecía destinado a exaltar las virtudes de Bustamante, pronto dio paso a una serie de cuestionamientos que exponen las contradicciones y problemáticas en el tejido político y judicial de Quintana Roo.
La retórica del entusiasmo y el apoyo que se desplegó durante el evento, donde Velasco Coello levanta la pregunta «¿Cómo les cae Pablo?» suena más como una estrategia para desviar la atención de la verdadera realidad que rodea a Bustamante. La imagen de un «joven trabajador, cercano a la gente» pintada por Velasco contrasta agudamente con las sombras que oscurecen el historial del candidato propuesto.
Desde el 2021, Bustamante ha sido señalado por estar involucrado en despojos inmobiliarios mediante juicios presuntamente manipulados en Quintana Roo. Las acusaciones presentadas en el reportaje «El Cártel del Despojo» de Latinus, específicamente el caso donde Bustamante y otros actuaron como empleados de una empresa de tiempos compartidos para demandar a la madre de un exdiputado local, dejan al descubierto su papel en un entramado legal dudoso.
La determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje a favor de Bustamante y sus cómplices, y la posterior transferencia de una propiedad millonaria a su nombre, son hechos que plantean serias interrogantes sobre la integridad del proceso judicial y la ética del propio Bustamante.
Las luces también se dirigen hacia la respuesta de las autoridades. La falta de inclusión de Bustamante en la investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) tras la exposición de estos hechos suscita dudas sobre la verdadera independencia y determinación de las instancias judiciales en el estado.
En un contexto donde la política y el sistema legal deberían ser un faro de transparencia y justicia, las sombras que se ciernen sobre la figura de Bustamante ponen en tela de juicio la integridad de las alianzas políticas y la capacidad de las instituciones de actuar en beneficio de la ciudadanía.
En última instancia, el evento en Cancún no solo pone de manifiesto la presentación selectiva de una imagen pública, sino que también resalta las complejidades y contradicciones de la arena política en México.
La elección de Bustamante como candidato, sumado a las acusaciones en su contra, arroja una luz crítica sobre el proceso de selección de candidatos y la necesidad de una mayor vigilancia sobre aquellos que buscan representar a la población. La política debería ser un espacio de confianza y esperanza, pero eventos como este nos recuerdan la importancia de un escrutinio minucioso para garantizar la integridad y la legitimidad del sistema político y sus actores.
“Mujer es poder”, bandera política
El programa social “Mujer es poder”, insignia de la Secretaría del Bienestar (Sebien) en Quintana Roo, que dirige Bustamante es señalada de bandera política y presunta corrupción, siendo uno de los casos más evidentes la situación de Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Subsecretaria de Desarrollo Humano de Sebien.
La subsecretaria Aban Mukul, quien ocupa un alto cargo en la administración de Bustamante, es paradójicamente una de las beneficiarias del programa social “Mujer es Vida”, diseñado para ayudar a personas en situación de pobreza.
Sin embargo, documentos revelan que Aban Mukul recibe el apoyo social a pesar de tener un sueldo mensual que es casi nueve veces superior a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI), un requisito esencial según las Reglas de Operación de dicho programa.
Este flagrante abuso del sistema muestra cómo las élites políticas utilizan los recursos públicos para su beneficio personal. La gestión de Bustamante se ha destacado por su aparente desvío de recursos con fines políticos, lo que ha llevado a numerosas acusaciones de que “Mujer es Vida” es utilizada como herramienta de promoción política de cara a las elecciones de 2024.
La ironía es innegable: un programa destinado a ayudar a las personas más necesitadas está siendo manipulado para impulsar las aspiraciones políticas de Bustamante y su partido. La modificación de los logotipos institucionales y el uso de colores partidistas en las tarjetas del programa plantean serias dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La retórica de Bustamante en defensa de la legalidad del programa contrasta con la realidad de su uso potencialmente desviado. Sus declaraciones sugieren que, aunque esté en pleno Proceso Electoral, no hay impedimento legal para seguir distribuyendo los recursos.
Arranca su campaña
Bustamante Beltrán, ha cruzado claramente la línea entre su papel como funcionario público y su ambición personal por la presidencia municipal de Benito Juárez. Leobardo Rojas López, presidente estatal del PRD, alzó la voz este 29 de agosto y presentó una queja ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), exponiendo las maniobras descaradas de Bustamante para promover su imagen a expensas de los recursos públicos y en detrimento de la equidad en el proceso electoral.
El argumento presentado es sólido: la proliferación de bardas con el eslogan «Ya llegó Pablo» en el municipio de Benito Juárez constituye una campaña encubierta en toda regla. Los colores verdes, asociados con el secretario del Bienestar, se han convertido en el estandarte de una estrategia calculada para llamar la atención hacia sus aspiraciones políticas. La prueba de diez bardas presentada en la denuncia solo es la punta del iceberg de una práctica que apunta a saturar el entorno visual con su imagen y mensaje.
El agravante más evidente es la utilización de los programas sociales como plataforma para esta promoción personalizada. Históricamente, los programas sociales se han defendido como herramientas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados.
Sin embargo, aquí vemos cómo se han convertido en instrumentos de autopromoción, donde Bustamante Beltrán se presenta como el salvador que reparte despensas y recursos económicos. La jurisprudencia ha sido clara en este punto: los programas sociales deben ser presentados sin sesgo partidista, sin embargo, el secretario del Bienestar parece haber pasado por alto esta directriz fundamental.
