El ex presidente Donald Trump, quien gobernó desde 2017 hasta 2021, irrumpió en la sala de un tribunal en Nueva York este lunes para comparecer como testigo en un juicio civil relacionado con fraude empresarial en la Organización Trump.
El proceso legal fue impulsado por la Fiscalía, que busca una compensación de 250 millones de dólares. Durante su testimonio, Trump admitió que había examinado las declaraciones financieras de su empresa.
Trump llegó a la sala de audiencias minutos antes del inicio de la sesión, ataviado con su característico traje azul y corbata azul. Acompañado de sus abogados, mantuvo una expresión seria mientras pasaba por delante de la primera fila del público, donde se encontraba la fiscal Letitia James, a quien Trump no oculta su animosidad.
Tras un llamado al orden por parte del juez Arthur Engoron, los fotógrafos fueron autorizados a entrar, y el juez manifestó su deseo de avanzar con rapidez en el procedimiento. Luego, Trump fue llamado a declarar como testigo y, aparentemente tranquilo, hizo su juramento y tomó asiento.
El fiscal adjunto, Kevin Wallace, cuestionó a Trump acerca de la creación de un fideicomiso para su empresa antes de asumir la presidencia en 2016. Trump respondió que designó a su hijo Donald Jr., como uno de los administradores debido a su arduo trabajo. Poco antes de abandonar la Casa Blanca, recuperó la responsabilidad del fideicomiso, ya que planeaba regresar a los negocios.
En ese momento, Trump aprovechó para lanzar críticas a los fiscales y mostrarse beligerante hacia el juez, argumentando que tanto Wallace como otros «demócratas» lo estaban atacando desde múltiples frentes y acusándolos de «militarizar» sus negocios con casos que no eran «sólidos».
El fiscal preguntó si Trump había revisado las declaraciones de condición financiera en cuestión, las cuales según la acusación, contenían cifras infladas de activos para obtener ventajas con prestamistas y aseguradoras. Trump admitió que las había «mirado» y «hecho sugerencias» al respecto, pero reiteró su argumento principal de defensa: que estos documentos contenían una cláusula que los hacía «inútiles» y que los banqueros y aseguradoras con los que trató lo explicarían durante el juicio, el cual calificó de «descabellado».
