El Gobierno del Estado de Quintana Roo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida como Aguakan, por supuestamente haber engañado al Juez Octavo de Distrito, Julio César Ortiz Mendoza, recientemente nombrado Magistrado. La compañía habría presentado una demanda de amparo contra el Decreto número 195, emitido el 22 de diciembre de 2023, que revocaba la concesión del servicio de agua hasta el 31 de diciembre de 2053.
El Decreto 195 fue aprobado por unanimidad por la XVII Legislatura del Estado, como respuesta a la opinión expresada por la ciudadanía en una consulta ciudadana vinculante. Los habitantes de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos manifestaron su desacuerdo con la continuación de los servicios de Aguakan, respaldando la decisión legislativa basada en los incumplimientos de la concesionaria en inversiones, posibles daños ambientales y actos de corrupción.
El director general de Aguakan, Paul Andrew Rangel Merkley, presuntamente ocultó información crucial al Juez, como más de 20 oficios de Capa que evidenciaban incumplimientos en los planes quinquenales, con diferencias de más de 4 mil millones de pesos en inversiones. Además, se le acusa de esconder procedimientos administrativos por violaciones al medio ambiente iniciados por los Municipios, la Procuraduría Ambiental Estatal y la Profepa.
Se alega que Rangel Merkley también conocía de un litigio en la Ciudad de México destinado a mantener la concesión, aparentemente buscando evitar que las autoridades de Quintana Roo investigaran los múltiples incumplimientos. Fuentes oficiales sugieren que en los próximos días, la FGR iniciará la judicialización del caso, marcando el inicio de investigaciones más amplias sobre presuntos actos de corrupción que involucran a Aguakan en la obtención de la prórroga de la concesión en diciembre de 2014 junto con ex funcionarios públicos.
