Los incrementos en el presupuesto destinado a Comunicación Social y Difusión por parte del Congreso de Quintana Roo, impulsados por los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Renán Sánchez Tajonar y Luis Humberto Aldana Navarro, respectivamente, han generado polémica debido a su presunto direccionamiento hacia periódicos afines a grupos políticos y económicos del estado.
Según fuentes, estos aumentos presupuestarios se habrían destinado a cumplir compromisos con medios oficialistas vinculados a partidos como el PVEM y Morena, así como a negocios relacionados con dichas agrupaciones políticas.
Durante el año 2023, el diputado del PVEM Sánchez Tajonar triplicó el presupuesto para difusión y publicidad del Congreso local, elevándolo de 4 millones 867 mil pesos a una cifra final de 13 millones 200 mil pesos, a pesar de las medidas de «austeridad» anunciadas para ese período. Por su parte, su sucesor en la presidencia de la Jugocopo, el diputado de Morena Aldana Navarro, respaldó este incremento y promovió un presupuesto similar para el 2024, que se espera sea ampliado a lo largo del año.
Este aumento presupuestario coincide con el período en que se esperaban mediciones de popularidad para definir candidaturas, tanto a nivel federal como local. Para el 2024, año de elecciones concurrentes, Aldana será candidato a diputado federal por el distrito electoral 03 de Cancún, mientras que Sánchez Tajonar aspira a obtener la candidatura a alcalde de Cozumel o buscar la reelección como legislador.
Una revisión de los contratos publicados por el Congreso revela que una parte significativa del presupuesto de difusión y publicidad fue asignada a solo cuatro periódicos oficialistas, lo que representa un total de 11 millones 200 mil pesos durante el 2023.
Destaca que el Diario de Quintana Roo recibió la mayor parte de estos fondos, con un contrato que representaba el 30% del presupuesto total de difusión del Congreso del Estado, alcanzando los 4 millones 200 mil pesos. Además, para incluir a otros medios, fue necesario ampliar el presupuesto original.
Cada uno de estos medios firmó dos contratos con el Congreso, utilizando nombres de empresas diferentes para dividir los montos cobrados, lo que podría sugerir un intento de encubrir estas transacciones. Además, se encontraron indicios de contratos con empresas vinculadas al PVEM y Morena, e incluso una empresa que podría ser considerada como fantasma.
Los detalles sobre cómo se distribuyeron y justificaron estos fondos públicos seguirán siendo objeto de investigación, ya que hay cantidades sin respaldo documental y contratos que cubren periodos de tiempo que parecen desproporcionados en relación con los servicios prestados. Se espera continuar informando sobre este tema en próximas entregas.
