En el entramado de intereses oscuros que rodea el manejo de la basura en Cancún, se vislumbra una preocupante red de complicidades entre los Gobiernos estatal y municipal, así como empresarios ansiosos de lucro rápido. La denominada celda emergente en la Parcela 175 ha sido el epicentro de este turbio negocio, donde las decisiones se toman no en función del bienestar ambiental, sino de las ganancias que genera a diario, más de un millón de pesos al día.
Bajo el pretexto de una emergencia ambiental, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña desplazó a la empresa encargada de gestionar los residuos sólidos, Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA), en favor de su predilecta, Promotora Ambiental Contenedores y + S.A. de C.V. (PACSA), vinculada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este cambio no solo implicó un aumento exorbitante en el costo por tonelada de basura, sino que también abrió las puertas a un entramado de negocios corruptos, donde los contratos se otorgan de manera directa, sin competencia alguna, dejando la puerta abierta a todo tipo de sobornos y malversaciones de fondos públicos.
Es indignante constatar que, en medio de este desfile de corruptelas, se vulnera flagrantemente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano. La manipulación de contratos, la falta de transparencia en los procesos de licitación y la ausencia de evaluaciones ambientales adecuadas son sólo algunas de las prácticas que socavan este derecho fundamental.
La reciente puesta en funcionamiento de la celda emergente, a pesar de las advertencias de organizaciones ambientalistas y la suspensión provisional otorgada por el Juez Séptimo de Distrito, es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos prevalecen sobre la protección del medio ambiente. Mientras tanto, Cancún paga el precio más alto del país por la gestión de sus desechos, como si se tratara de una partida de azar, donde los únicos ganadores son aquellos que se benefician de este entramado de corrupción.
Es hora de poner fin a esta danza de intereses corruptos que amenaza no sólo el entorno natural de Cancún, sino también el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente saludable. Las autoridades deben rendir cuentas y tomar medidas enérgicas para acabar con esta red de complicidades que envenena nuestro entorno y socava los cimientos mismos de nuestra democracia. El pueblo de Cancún merece un futuro más limpio y transparente, libre de la sombra de la corrupción que hoy lo oscurece.
