Chetumal, 7 de marzo – La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) ha presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la candidatura de Anahí González Hernández al Senado por Morena. La organización maya acusa a González de registrar declaraciones falsas sobre su origen y lengua materna para obtener la candidatura por acción afirmativa indígena.
Según la Anipa, Morena inscribió a González con información engañosa, y a pesar de tener pruebas en mano que contradecían esos datos, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su candidatura. La impugnación se centra en la falsedad de la información proporcionada por González en su Carta de Autoadscripción, donde afirmó pertenecer a la comunidad indígena de San Juan de Dios, Tulum, cuando su acta de nacimiento indica que nació en Cancún, municipio de Benito Juárez.
La candidata también aseguró ser hablante de la lengua maya como lengua materna, lo cual ha sido cuestionado públicamente, incluso durante una ceremonia en X-Yatil, donde necesitó traductores para comunicarse en maya. La Anipa resalta que, a pesar de contar con documentos que desmienten estas afirmaciones, el INE le otorgó el registro.
La impugnación no solo se centra en la situación de González sino también en la suplente, Maribel Cruz Rodríguez, quien declaró nacer en San Juan de Dios, Tulum, aunque su acta de nacimiento indica Felipe Carrillo Puerto como lugar de nacimiento.
La Anipa ha solicitado la intervención del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), argumentando que la usurpación de candidaturas indígenas es discriminatoria y excluye a los pueblos indígenas de su legítimo derecho a la participación y representación política.
La organización también cuestionó el nombramiento de los candidatos de Morena en X-Yatil, destacando que el Gran Consejo Maya, que autorizó el evento, requiere un consenso de los cinco centros ceremoniales, no solo de dos personas.
En redes sociales, la Anipa señaló que la simulación de partidos políticos para usurpar candidaturas indígenas es un desafío crucial para el INE en el proceso electoral de 2024. La impugnación se basa en la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, denunciando la usurpación de la acción afirmativa indígena.
