El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ha reafirmado una vez más la inelegibilidad de Luis Gamero Barranco para participar como candidato en el actual proceso electoral, debido a su sanción por Violencia Política en Razón de Género. A pesar de ello, el actual subsecretario de Gobierno, Gamero Barranco, persiste en su intento de postularse, presentando múltiples recursos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y el propio Tribunal Electoral de Quintana Roo.
En el más reciente recurso, Gamero presentó una queja contra el dictamen del Instituto Electoral de Quintana Roo, que en diciembre de 2023 ratificó que incumple con los requisitos de elegibilidad, no pudiendo ser considerado candidato para ningún cargo de elección popular. Su nombre figura en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) por un periodo de cinco años y cuatro meses, con fecha de vencimiento hasta septiembre de 2026.
En sus cuestionamientos al Instituto Electoral de Quintana Roo, Gamero indagó sobre la validez de su elegibilidad al estar sancionado administrativamente por VPMRG y registrado en los registros estatal y nacional de personas sancionadas. También planteó interrogantes sobre posibles contradicciones entre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. Además, preguntó si el efecto sancionatorio de la inscripción en el Registro de personas sancionadas por VPMRG persiste durante todo su periodo de vigencia o se extingue al declararse por primera vez a alguien inelegible. Asimismo, consultó sobre la existencia de mecanismos para reducir la sanción impuesta a una persona por conductas relacionadas con VPMRG y disminuir el tiempo de registro en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género de Quintana Roo, entre otros aspectos.
En respuesta a estas inquietudes, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha confirmado que una persona sancionada administrativamente con sentencia firme y registrada en los registros estatal y nacional no puede ser postulada para un cargo de elección popular, al no cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley local.
