En la arena política, las estrategias son tan diversas como los intereses que las impulsan. Sin embargo, hay límites éticos y legales que no deben ser cruzados, especialmente en el proceso electoral. La reciente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las denuncias en Quintana Roo ofrece una lección oportuna sobre la importancia de separar la política de la justicia. Y todo indica que se lo dijo a Juan, para que lo escuche Chaac Mex y a Lili Campos.
El mandato presidencial fue claro y directo: «Dejen de lado las denuncias, hagan campaña y ganen las elecciones en las urnas, no en los escritorios de los tribunales». Esta admonición llega en un momento crucial, cuando se intenta judicializar las elecciones para descalificar a candidatos incómodos.
El presidente destacó la necesidad de que el proceso electoral se desarrolle sin interferencias judiciales, permitiendo que la voluntad popular se exprese libremente. Recordó su propia experiencia previa a las elecciones de 2006, cuando intentaron desaforarlo para impedir su participación en la contienda presidencial. Esta perspectiva personal añade peso a su llamado a evitar la politización de las instituciones judiciales.
La esencia de la democracia radica en la participación ciudadana y en la capacidad del pueblo para discernir y elegir a sus representantes. Es en las urnas donde se debe dirimir el destino político de los candidatos, no en los tribunales bajo la sombra de la especulación política.
Es crucial recordar que la justicia debe ser imparcial y libre de influencias políticas. La instrumentalización de los procesos judiciales con fines partidistas socava la credibilidad de las instituciones y debilita la confianza en el sistema democrático.
El mensaje del presidente López Obrador resalta la importancia de respetar la voluntad popular y de dejar que sean los ciudadanos quienes juzguen el desempeño y la idoneidad de sus representantes. La separación entre la política y la justicia es fundamental para preservar la integridad del proceso electoral y para fortalecer los cimientos de la democracia en nuestro país.
En momentos como estos, es imperativo recordar que la legitimidad del sistema democrático depende de la transparencia, la equidad y el respeto por las normas establecidas. La intervención indebida en el ámbito judicial erosiona estos principios fundamentales y pone en riesgo la estabilidad democrática.
