Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Legislativos del Congreso de Quintana Roo han aprobado el dictamen que propone la creación de la nueva Ley Estatal de Juicio Político. Esta ley sustituirá la parte vigente que queda de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, modernizando y estructurando el proceso de juicio político en la entidad.
Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, junto con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, promovieron esta iniciativa que tiene como objetivo principal establecer mecanismos claros para la valoración de pruebas, así como definir los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Uno de los aspectos destacados de la nueva ley es la posibilidad de que las partes puedan nombrar un defensor, garantizando así una mayor equidad en el proceso.
Alday subrayó la relevancia histórica de este dictamen, recordando que el Juicio Político es una figura que tiene sus raíces en la Constitución de Filadelfia de 1787. La actualización de este proceso en Quintana Roo representa un avance significativo en la progresividad del derecho en la entidad.
Es importante señalar que en los últimos años, Quintana Roo ha recibido al menos 18 solicitudes de juicio político, algunas de ellas dirigidas contra ex colaboradores de los ex gobernadores Roberto Borge y Carlos Joaquín González. Aunque en su momento estas solicitudes no fueron atendidas por diferentes legislaturas, han continuado bajo el seguimiento de otras instancias como la Contraloría del Estado.
La nueva ley especifica claramente las etapas del proceso, incluyendo los términos perentorios y las autoridades responsables en cada una de ellas. Se detalla hasta dónde llega la intervención de la Comisión de Justicia, el papel de la comisión instructora encargada de llevar a cabo el proceso, y el procedimiento que seguirá el Congreso cuando actúe como jurado calificador.
Además, la ley abarca la declaración de procedencia en solicitudes provenientes del Congreso de la Unión o en acciones penales presentadas por particulares contra funcionarios con fuero, a pesar de que dicho fuero fue eliminado para funcionarios y diputados locales en una reforma constitucional en 2017.
Esta nueva legislación representa un avance en la transparencia y justicia en Quintana Roo, fortaleciendo el marco legal para que los servidores públicos rindan cuentas de sus actos.
