Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- La política en México siempre ha sido un campo de batalla, pero lo que está sucediendo en Campeche parece más un episodio de venganza que una disputa democrática. Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció públicamente lo que a todas luces parece una represalia política: la detención del padre del senador Daniel Barreda, quien se ha manifestado en contra de la controversial reforma judicial.
«Como represalia por esta postura, el gobierno criminal de Layda Sansores detuvo esta madrugada al papá del Senador Daniel Barreda en Campeche. Esto ya es una locura», escribió Álvarez Máynez en redes sociales, exigiendo que la discusión de la reforma se suspenda inmediatamente.
Pero no es el único golpe. Según el excandidato, Paul Arce, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Campeche, también fue detenido, y en un acto que cruza la línea de lo aceptable, fue arrestado frente a la escuela de sus hijos. Esto deja claro que el gobierno de Sansores ha decidido jugar sucio, usando el poder estatal para intimidar a quienes se atreven a oponerse.
El senador Barreda, quien desde hace tiempo ha denunciado los abusos del gobierno campechano, fue firme en su declaración: «MI VOTO ES EN CONTRA de esta reforma que amenaza la imparcialidad de la justicia y vulnera los derechos humanos». Una postura que, según parece, le ha costado caro.
Estamos ante una muestra más de cómo el poder, cuando es mal utilizado, puede convertirse en una herramienta de coerción. Si estas denuncias se confirman, sería inaceptable que, en pleno siglo XXI, el gobierno campechano utilice a las familias y compañeros de sus opositores como fichas de un juego político sin escrúpulos.
La pregunta es: ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Layda Sansores para conseguir lo que quiere? Porque lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino el propio estado de derecho en Campeche.
