
Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- El pasado 21 de septiembre, el Hospital General Regional No. 17 del IMSS en Quintana Roo fue escenario de un oscuro capítulo en la gestión de recursos médicos. Octavio Quetzalcóatl Rodríguez Galicia, Jefe de Abasto del hospital, convocó a una reunión “secreta” con los proveedores de insumos de las 13 unidades médicas del IMSS en el estado. ¿El propósito? Exigir una comisión del 30% sobre los insumos adquiridos, un porcentaje que, en cifras, podría escalar a millones si consideramos el presupuesto anual de entre 10 y 20 millones de pesos destinados a este rubro.
En la misma sala estuvieron presentes René Antonio Núñez López, Subdirector Administrativo de la Oficina de Abasto, señalado como el artífice intelectual de este esquema corrupto; así como Christian Rojas Bautista y Lugardo Antonio Vázquez Azpiri, subdirectores administrativos de los Hospitales Generales No. 3 y No. 7, respectivamente. Un verdadero cónclave de funcionarios de alto nivel.
Los proveedores convocados, entre los que se encontraban empresas como Abasto Hospitalario de Cancún, Amehsa SA de CV, y Baxter SA de CV, fueron sorprendidos cuando, al día siguiente, las reuniones continuaron, pero esta vez en el restaurante Tok’s de la Av. La Luna. La conversación era la misma: 30% de soborno, o nada.
Como si se tratara de un elaborado plan, Antonio Núñez López informó a los proveedores, vía WhatsApp, que la exigencia venía nada menos que de Enrique Leobardo Ureña Bogarín, el entonces Delegado del IMSS en Quintana Roo y actual Director de Servicios de Salud del estado. Todo un entramado institucional que apuntaba a las más altas esferas.
Lo más alarmante es que, a pesar de las denuncias interpuestas el 13 de octubre, formalizadas bajo el expediente número 249001410100/INV-560/2023, en la Dirección General del IMSS en la Ciudad de México, los funcionarios involucrados en esta trama de corrupción continúan en sus puestos, como si el expediente fuera solo un número más en la burocracia del sistema.
El IMSS en Quintana Roo sigue funcionando con aparentes normalidad, pero tras bambalinas, el poder y los intereses económicos parecen haber tomado las riendas de lo que debería ser un servicio dedicado a la salud y bienestar de los ciudadanos.