Redacción / Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.- En un movimiento que busca saldar cuentas con el pasado, el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, ha dado un golpe significativo al presentar denuncias formales contra exfuncionarios de la Contraloría del Estado, quienes, durante la administración de Carlos Joaquín González, permitieron que se perdieran más de 7 mil millones de pesos del patrimonio estatal. Este lunes, la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) dio a conocer que las omisiones administrativas de aquellos años dejaron que prescribieran responsabilidades cruciales, afectando gravemente las finanzas del estado.
Reyna Durán Arceo, titular de la Secoes, fue clara en la conferencia de prensa: los exfuncionarios implicados dejaron que el tiempo jugara en favor de la impunidad. Entre 2011 y 2016, bajo el liderazgo del entonces contralor Rafael del Pozo, no se sancionaron delitos vinculados con el desvío de fondos públicos. Esta inacción permitió que las acciones administrativas expiraran y que los responsables se libraran de consecuencias legales. Ahora, con 514 expedientes que quedaron sin resolución desde septiembre de 2021, el reto del actual gobierno es rescatar lo que queda y sancionar a los implicados.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Lezama toma cartas en el asunto. Desde noviembre de 2023, se ha emprendido una estrategia para evitar que más delitos relacionados con corrupción queden sin castigo. Hasta el momento, 47 exfuncionarios han sido inhabilitados y, de estos, 41 casos ya se han resuelto de manera definitiva. Además, entre junio de 2023 y junio de 2024, se han impuesto 65 sanciones como parte de este esfuerzo por depurar las instituciones.
El fiscal anticorrupción de Quintana Roo, Edgar Ramírez Morales, reveló que 847 carpetas de investigación han sido activadas, involucrando a exfuncionarios de nivel medio y superior, quienes permitieron que estos actos de corrupción quedaran sin sanción. No obstante, uno de los detalles más preocupantes es que, según el consejero jurídico del estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue una de las piezas clave para que los responsables lograran evadir su castigo.
Aunque el nombre del exgobernador Carlos Joaquín González no aparece en estas denuncias de manera directa, sus colaboradores cercanos son el foco de las acusaciones, haciendo evidente que la sombra de su administración sigue presente. El gobierno de Mara Lezama busca no solo corregir los errores del pasado, sino también dejar en claro que, bajo su mando, la corrupción no tendrá el mismo terreno fértil para crecer.
El legado de omisión que heredó Lezama es grande, pero las acciones emprendidas muestran una clara determinación por no dejar que los recursos públicos se sigan esfumando sin rendir cuentas. Esta batalla apenas comienza, y será interesante ver hasta dónde llegan las responsabilidades y si, eventualmente, los altos mandos de administraciones pasadas también rendirán cuentas ante la justicia.
