Paso En Falso
La reciente rueda de prensa de Reyna Arceo, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), más que respuestas, generó una ola de dudas en torno a la “merma” de 7 mil millones de pesos durante el controvertido “gobierno del cambio” de Carlos Joaquín. Según lo expuesto, la no recuperación de estos recursos malversados, en su mayoría bajo la administración del exgobernador Roberto Borge, no sólo pone en evidencia la ineficacia del sistema de justicia quintanarroense, sino que también revela las grietas de un estado aún marcado por la corrupción.
La confusión generada por Arceo parece más un intento de encubrir una realidad incómoda que un esfuerzo por desentrañar un acto de corrupción mayúsculo. Este silencio cómplice no es nuevo en la historia de la política estatal. Desde el tiempo de Borge, quien se encuentra preso, pero por cargos federales, Quintana Roo ha estado atrapado en una telaraña de corrupción donde las promesas de justicia a menudo quedan como simples ecos vacíos.
Durante la administración de Carlos Joaquín, se instauró una fiscalía anticorrupción “alterna”, cuyo objetivo parecía ser proteger a los implicados en los delitos de desvío de recursos, más que perseguirlos. Esta oficina, según denunciantes, se dedicó a crear un escenario donde los “borgistas” podían negociar condenas a la medida, con precios que oscilaban entre 20 y 30 millones de pesos. Un verdadero mercado de la impunidad donde el dinero compraba silencio y alivio.
Si bien los funcionarios del “borgismo” son culpables de la corrupción más descarada, el remedio ofrecido por Carlos Joaquín fue, sin lugar a dudas, peor que la enfermedad misma. En un estado donde la exigencia de justicia era inminente, se optó por una solución corrupta que sólo perpetuó el ciclo vicioso. Algunos como Juan Pablo Guillermo escaparon de la justicia, mientras que otros, como Mauricio Góngora, disfrutaron del lujo de la prisión domiciliaria.
La promesa de un gobierno del cambio se desvaneció rápidamente en el aire, dejando a su paso un legado de expectativas incumplidas. Carlos Joaquín, al final de su mandato, no solo traicionó a su partido, el PAN, sino que se convirtió en un asalariado de la 4T, ahora como embajador de México en Canadá.
El camino hacia una verdadera justicia en Quintana Roo sigue siendo un espejismo. Las palabras de Arceo, más que un llamado a la acción, son un recordatorio de que la lucha contra la corrupción en el estado aún está en pañales. Es un momento crucial para que la ciudadanía despierte y demande no sólo cuentas claras, sino un cambio real que erradique este sistema de impunidad que parece estar profundamente arraigado.
Este artículo está basada en la información publicada por «La Opinión Quintana Roo»
