Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- El 9 de noviembre de 2020 quedó grabado en la memoria de Cancún como un día de indignación y lucha. Fue en esa fecha cuando la policía reprimió con balas una manifestación pacífica de mujeres que alzaban la voz contra la violencia de género. La protesta se convirtió en un símbolo de la urgencia por transformar las condiciones de inseguridad, violencia y desigualdad de género, tanto en Quintana Roo como en el resto de México. Cuatro años después, el eco de aquel «9N» sigue resonando, señalando no solo las fallas profundas en el sistema de seguridad, sino también la necesidad de garantizar verdaderamente los derechos de las mujeres. Pero, ¿en qué se ha avanzado desde entonces? ¿Qué ha cambiado y qué sigue pendiente?
Avances en la legislación y el acceso a justicia
A partir de aquel trágico episodio, se han dado algunos pasos hacia una justicia más sensible y efectiva para las mujeres en Quintana Roo. El marco legal ha endurecido las penas en delitos de violencia de género y feminicidio, y se han implementado protocolos de atención y prevención más específicos. Además, las reformas federales y estatales buscan mejorar la capacitación en perspectiva de género para funcionarios públicos y cuerpos de seguridad, un esfuerzo indispensable para un sistema más justo y comprensivo.
Sin embargo, la realidad es que estos avances siguen siendo insuficientes y su aplicación limitada. Organizaciones locales y nacionales denuncian que, en la práctica, muchas mujeres todavía enfrentan obstáculos significativos para acceder a una justicia verdaderamente efectiva, donde su seguridad y dignidad sean prioridad.
Refugios y apoyo institucional
En respuesta a la demanda social, en los últimos años se han creado y ampliado refugios y centros de apoyo para mujeres en situación de riesgo. Estos espacios, fundamentales para la seguridad de las víctimas, han aumentado en ciudades como Cancún, donde las tasas de feminicidio y violencia continúan siendo alarmantes. Aun así, el problema de fondo persiste: la demanda supera la capacidad de atención. Las activistas señalan que aún falta un sistema de apoyo integral que contemple la reintegración social y laboral de las víctimas, así como el acompañamiento psicológico a largo plazo para ellas y sus familias. En muchos casos, el refugio es solo el primer paso en una larga y dolorosa reconstrucción de vida.
Sociedad civil y campañas de sensibilización
El 9N también dejó como herencia un movimiento de conciencia social fortalecido. La sociedad civil ha respondido con organización y activismo, formando colectivos que impulsan campañas de sensibilización, talleres de masculinidades sanas y espacios para debatir y reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Este activismo ha sido esencial para la construcción de una cultura de igualdad, una base social que entienda el problema y demande cambios desde la raíz.
El compromiso de estos colectivos ha dado pie a una ciudadanía más informada y más exigente frente a las autoridades, quienes ahora enfrentan una presión creciente para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos.
Retos persistentes: una deuda sin saldar
A cuatro años del 9N, el problema estructural de violencia de género sigue siendo una crisis vigente en Quintana Roo. Aunque existen avances, el cambio profundo aún no llega. La falta de recursos y voluntad política, junto con la sombra de la corrupción, siguen siendo los grandes obstáculos que entorpecen los esfuerzos hacia una sociedad segura y justa para las mujeres.
Los feminicidios y los casos de violencia sexual, tristemente, no han disminuido de manera significativa, recordándonos que la visibilidad y el cambio social no son suficientes sin una implementación efectiva de las políticas y leyes que ya existen en el papel.
Una lucha que no se apaga
Cuatro años después, la llama del 9N sigue viva en las calles, en los colectivos, en los rostros de las mujeres que cada día exigen un país más justo. El recuerdo de aquella protesta, reprimida a balazos, sigue siendo un recordatorio de la deuda pendiente de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Quintana Roo y México necesitan un cambio profundo y estructural, una transformación que no sea temporal ni decorativa, sino que responda a la urgencia de garantizar un ambiente seguro y libre de violencia para todas las mujeres.
