Redacción / Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo ha decidido auditar a la empresa Aguakan para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta acción se enmarca en una revisión de gabinete realizada por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, y abarca los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2022.
El procedimiento administrativo, que forma parte de las facultades establecidas en el Código Fiscal del estado, busca no solo confirmar que Aguakan ha cumplido con sus pagos, sino también detectar posibles adeudos o delitos fiscales. De hecho, uno de los primeros requerimientos fue notificado a la empresa mediante el oficio CAPA/DG/CJ/0481/2024, relativo al ejercicio fiscal de 2022, el pasado 21 de agosto. En paralelo, un requerimiento similar se emitió en mayo respecto al año 2020, mediante el documento CAPA/DG/0256/2024.
Los pagos que se auditarán están relacionados con la contraprestación del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, áreas en las que Aguakan ha operado durante décadas.
Cabe recordar que la concesión otorgada a la empresa, que se extendió por 30 años desde octubre de 1993, ha sido modificada en dos ocasiones, ampliándose hasta 2053. Sin embargo, a pesar de que el permiso venció el 31 de diciembre pasado, Aguakan sigue operando debido a una orden judicial derivada de un amparo interpuesto por la empresa, que aún se encuentra en trámite.
El artículo 40 del Código Fiscal de Quintana Roo establece que las autoridades fiscales pueden requerir a los contribuyentes la exhibición de documentos, contabilidad y otros datos relevantes para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, Aguakan ha impugnado la auditoría con dos amparos, que están siendo analizados por el Juzgado Quinto de Distrito en Cancún. En el caso del ejercicio fiscal 2022, el juez Alonso Robles Cuétara negó la suspensión provisional de la auditoría el pasado 30 de octubre, al considerar que suspender las facultades de comprobación iría en contra del interés público.
En cuanto al ejercicio fiscal 2020, un fallo reciente en favor de Aguakan declaró nula la notificación del procedimiento de auditoría, debido a errores en la entrega del aviso, aunque dejó claro que la CAPA puede emitir un nuevo requerimiento conforme a la ley.
El servicio de agua en Quintana Roo ha sido fuente de constantes quejas. Aguakan ha enfrentado duras críticas por sus cobros excesivos, la falta de agua en diversas zonas y un sistema de drenaje deficiente, lo que ha generado un creciente malestar entre los usuarios. El hartazgo popular se reflejó en una consulta ciudadana vinculante en 2022, en la que se determinó la voluntad de la población de poner fin a la concesión de la empresa.
A pesar de los esfuerzos legales de Aguakan por defender su operación hasta 2053, la situación sigue siendo tensa, con ciudadanos exigiendo una solución al histórico descontento con los servicios que la empresa provee. La auditoría de la CAPA será clave para conocer si Aguakan está al día con sus responsabilidades fiscales, lo que podría abrir la puerta a nuevas medidas frente a los recurrentes problemas del servicio.
