Redacción / Quintana Roo Ahora
CDMX.- El Instituto Nacional de Migración (INM) enfrenta serias acusaciones por la detención prolongada e injustificada de la familia Ma, integrada por una madre y tres niños de 7, 9 y 11 años. A pesar de contar con visas válidas y una orden judicial que exige su liberación, llevan nueve días retenidos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La familia arribó al país el 13 de noviembre procedente de Tokio, buscando protección en México. Aunque presentaron documentos migratorios en regla, las autoridades del INM determinaron que no cumplían los requisitos para ingresar. Ante esta decisión, el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) promovió un amparo para evitar la deportación, recurso respaldado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, que ordenó su liberación inmediata.
No obstante, el INM ha ignorado la resolución judicial, prolongando la detención de la familia en condiciones que han sido calificadas como inhumanas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Según el Imumi, los menores y su madre duermen sobre colchonetas sucias, soportan frío extremo por el aire acondicionado, están sometidos a luz artificial constante y reciben alimentación insuficiente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras visitar a la familia, confirmó que los menores están físicamente estables, pero alertó sobre la urgencia de garantizar un trato digno. Desde 2020, la legislación mexicana prohíbe la detención de menores y sus familias en estaciones migratorias, una disposición que el INM estaría vulnerando.
El caso ha generado una respuesta contundente de la sociedad civil. El Imumi, junto con otras organizaciones, ha denunciado esta situación ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Asimismo, han exigido al INM que respete la ley y libere a la familia Ma de inmediato.
Hasta el momento, el INM no ha ofrecido una explicación clara ni ha acatado el mandato judicial, exponiéndose a posibles sanciones legales. En tanto, la familia Ma continúa atrapada en un limbo legal y humanitario que evidencia las deficiencias en el sistema migratorio mexicano.
