Redacción / Quintana Roo Ahora

El anuncio del Plan Nacional Hídrico por parte del gobierno federal promete una transformación radical en la gestión del agua en México. Bajo el discurso de recuperar el agua como un derecho humano y no como una mercancía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que este plan dejará atrás la «visión neoliberal». Pero, ¿qué tan factible es este cambio y qué implica en la práctica?

El proyecto tiene metas ambiciosas: ordenar las concesiones de agua, garantizar su acceso como derecho humano, incrementar la producción agrícola con nuevas hectáreas de riego tecnificadas y sanear los ríos más contaminados del país. Sin embargo, este “cambio de paradigma” enfrenta una realidad compleja.

Una nueva era para el agua… ¿o más de lo mismo?

El discurso es esperanzador. El compromiso de devolver 2,500 millones de metros cúbicos de agua concesionada no utilizada parece un gran logro, suficiente para abastecer a la Ciudad de México durante dos años y medio. Pero este esfuerzo dependerá de que los concesionarios cumplan su palabra y de que las autoridades vigilen con rigor.

Además, la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego suena como un avance importante para el sector agrícola, pero ¿cuáles serán las condiciones para que esta tecnificación sea sostenible y accesible para pequeños productores? Sin mencionar que las cifras incluyen distritos de riego ya construidos, lo que podría inflar las expectativas del impacto real.

Los retos del saneamiento

El plan también se compromete a restaurar los ríos más contaminados del país: el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula. Este tipo de proyectos suelen enfrentar obstáculos políticos y económicos, pues implican reforestar, construir plantas de tratamiento y eliminar descargas contaminantes. El historial de remediación ambiental en México no es alentador, con ríos que han sido “prioritarios” durante años sin grandes avances.

Un futuro incierto

Alicia Bárcena describe el plan como un esfuerzo para desmantelar el enfoque extractivista del agua, pero cambiar un sistema profundamente arraigado en prácticas privatizadoras y desreguladas no será sencillo. El éxito dependerá de la transparencia en la ejecución de los proyectos y de que la gestión del agua no termine siendo un discurso más.

El Plan Nacional Hídrico es ambicioso, sí, pero las promesas necesitan traducirse en acciones concretas, verificables y sostenibles. De lo contrario, podría quedarse en otro proyecto bien intencionado que no logra impactar realmente en las comunidades que más lo necesitan.

Los mexicanos sabemos que el agua es un recurso vital. Ahora, toca observar si este gobierno logra convertir su gestión en un modelo para un futuro más justo y sustentable o si, una vez más, el río solo suena porque piedras lleva.