Redacción / Quintana Roo Ahora
QUINTANA ROO.- Cancún, el paraíso de sol y arena, se ha convertido en un escenario político donde los acuerdos, las alianzas y las lealtades parecen efímeras, casi como castillos de arena en la orilla. La relación entre Mara Lezama, actual gobernadora de Quintana Roo, y Carlos Joaquín González, su antecesor, alguna vez se percibió como un sólido «matrimonio político». Sin embargo, los acontecimientos recientes dejan claro que esta alianza estratégica está fracturándose de manera irremediable.
El inicio de esta relación se remonta a 2019, cuando Mara Lezama, como candidata de Morena, conquistó la presidencia municipal de Benito Juárez con el 58.32% de los votos, una victoria apabullante que dejó en el camino a «Chanito» Toledo, abanderado por la coalición PAN-PRD-MC. En aquel entonces, muchos veían en esta victoria una jugada maestra del entonces gobernador Carlos Joaquín. Aunque él militaba en la oposición, debilitó estratégicamente a su propio bloque para impulsar a una figura emergente que prometía estabilidad política en la zona más emblemática del estado: Cancún.
Los años siguientes consolidaron el poder de Mara Lezama. Durante su primera administración, Carlos Joaquín se mostró cercano, impulsándola como el rostro visible del futuro político del estado. Ese respaldo quedó evidenciado en 2021, cuando Mara fue reelegida como presidenta municipal con el 41.23% de los votos, derrotando a un desgastado Jesús Pool Moo del PRD. Todo parecía indicar que el tablero estaba siendo cuidadosamente preparado para un desenlace previsible: el traspaso de la gubernatura.
En 2022, la estrategia dio frutos. Con una base consolidada y un joaquinismo que le había despejado el camino, Mara Lezama arrasó en las elecciones para gobernadora, obteniendo un contundente 57.06% de los votos. En contraste, Laura Fernández Piña, del PRD, apenas alcanzó el 16.08%. La victoria no sólo reflejaba el cambio de ciclo político en Quintana Roo, sino también el éxito de una relación simbiótica que, en aquel momento, parecía ser a prueba de rupturas.
La toma de protesta de Mara Lezama fue una muestra pública de gratitud hacia Carlos Joaquín. Pese a las inconsistencias económicas de su administración, el exgobernador fue cobijado con gestos de deferencia. Incluso, figuras clave de su gobierno, como Yohanet Torres Muñoz en la Secretaría de Finanzas y Planeación, mantuvo posición en el nuevo gobierno. Era una transición sin sobresaltos, un pacto tácito para proteger las espaldas del ahora embajador de México en Canadá.
Pero en política, como en la vida, los pactos tienen fecha de caducidad. La reciente detención de Miguel Ángel “N”, alias “El Tigre”, señalado como líder del Cártel de Sinaloa en Cancún y vinculado a múltiples ejecuciones, ha puesto en jaque esta relación. Las investigaciones apuntan a su vínculo con la Policía contra el Narcomenudeo y su cercanía con la Fiscalía encabezada por Óscar Montes de Oca durante la administración de Carlos Joaquín. Este giro de los acontecimientos deja a Mara Lezama en una encrucijada: ignorar las evidencias y dañar su imagen o romper definitivamente con el pasado joaquinista.
El divorcio político parece inevitable. Hoy, Mara Lezama enfrenta la necesidad de demostrar que en su gobierno no hay espacio para la corrupción ni las redes de protección del pasado. La detención de figuras como «El Tigre» y la posibilidad de indagar más a fondo en los manejos de la administración anterior podrían ser la prueba definitiva de su compromiso con una nueva era para Quintana Roo.
En este escenario, el «matrimonio» entre el marismo y el joaquinismo está llegando a su fin, dejando claro que en la política, como en las tormentas del Caribe, los vientos pueden cambiar de un momento a otro, arrasando con todo lo que parecía firme y permanente.
