Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para prohibir la producción, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sustancias tóxicas como el fentanilo ilegal. Con 327 votos a favor y 118 en contra, los legisladores avalaron modificaciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución, señalando los riesgos a la salud y el impacto del narcotráfico.
El diputado Roberto Ramos Alor, de Morena, destacó que los dispositivos electrónicos están relacionados con graves enfermedades pulmonares, como bronquiolitis, fibrosis y cáncer, justificando la necesidad de su prohibición. Por su parte, la diputada Danisa Magdalena Flores, también de Morena, subrayó que combatir el fentanilo no solo responde a un problema de salud pública, sino que fortalece las relaciones con socios comerciales como Estados Unidos, que han exigido acciones concretas contra esta droga.
Datos alarmantes sobre el fentanilo
El fentanilo, responsable de más de 80,000 muertes anuales en Estados Unidos por sobredosis, ha encendido alertas internacionales. Aunque su consumo en México es limitado, la producción clandestina va en aumento. En 2023, se aseguraron 5,700 kilogramos de esta sustancia y se destruyeron 1,773 laboratorios clandestinos.
Críticas y oposición al dictamen
El debate no estuvo exento de polémica. El diputado Éctor Jaime Ramírez, del PAN, calificó como un error comparar el impacto del fentanilo con los vapeadores en una misma reforma. Por otro lado, la diputada Irais Virginia Reyes, de Movimiento Ciudadano, criticó la política prohibicionista, argumentando que fomenta mercados negros en lugar de resolver el problema. Durante su intervención, utilizó un vapeador en protesta, abogando por regulaciones en lugar de prohibiciones.
Parte de un paquete más amplio
Esta reforma forma parte de las 20 iniciativas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo otras medidas controvertidas como la reforma al Poder Judicial.
Con esta decisión, México da un paso hacia un enfoque más estricto en salud pública y combate al narcotráfico, aunque no sin generar un debate sobre libertades individuales y la efectividad de las políticas prohibicionistas.
