Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- Los Aeropuertos Internacionales de Cancún, Cozumel y Mérida cerraron el 2024 con una cifra preocupante: más de 32 mil extranjeros fueron rechazados en sus filtros migratorios, siendo la mayoría provenientes de Sudamérica, particularmente de Colombia. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), tan solo los colombianos representaron 17 mil 12 casos de inadmisión durante ese periodo.
El Aeropuerto Internacional de Cancún encabezó la lista con 31 mil 981 extranjeros rechazados, una cifra abrumadora en comparación con los 25 registrados en el Aeropuerto Internacional de Cozumel y los 22 en Mérida. Estos datos subrayan un fenómeno que, aunque se presenta en todo el país, afecta especialmente a los puntos turísticos más importantes del sureste mexicano.
Erika Cornelio, directora general del Despacho de Asuntos Internacionales, Migratorios y Turísticos, explicó que los turistas colombianos enfrentan un escenario particularmente complicado desde 2023. Según sus declaraciones, el endurecimiento de las políticas migratorias hacia este grupo se debe a su supuesta relación con temas de seguridad nacional, ya que algunos visitantes de Colombia han estado vinculados a actividades delictivas graves en el pasado.
Esta situación ha tenido un impacto directo en la llegada de turistas colombianos a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Según datos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), el arribo de viajeros colombianos disminuyó un 40% en 2024 comparado con el año anterior, superando incluso la caída del 20% registrada por el turismo brasileño.
El incremento de inadmisiones, que se duplicó en un año, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad nacional y la competitividad del turismo en México. Mientras el país se esfuerza por consolidarse como un destino de primer nivel, políticas como estas podrían comprometer las relaciones con mercados clave, especialmente en un estado como Quintana Roo, cuya economía depende en gran medida de la industria turística.
Para muchos, la duda persiste: ¿es esta una medida de seguridad necesaria o un mensaje restrictivo que podría poner en riesgo la reputación del Caribe mexicano como un destino inclusivo y accesible?
