Redacción / Quintana Roo Ahora
Acapulco.- Las empresas Coca-Cola, Pepsi, Corona, Fud y Bonafont suspendieron sus operaciones de reparto en Acapulco luego de los violentos ataques ocurridos el jueves, en los que murieron dos repartidores y uno resultó herido. Este viernes, las instalaciones de estas compañías permanecieron cerradas, y las calles estuvieron vacías de sus vehículos repartidores, reflejando el clima de inseguridad que afecta a la región.
En el caso de Coca-Cola, al menos cuatro de sus cinco bodegas en Acapulco no abrieron. Las instalaciones de Pepsi, ubicadas en El Cayaco, también permanecieron cerradas, al igual que las bodegas de la cervecera Corona en el bulevar Vicente Guerrero y en El Cayaco-Puerto Marqués. La empresa Sigma, distribuidora de Fud, y Bonafont también redujeron o detuvieron su operación, con esta última suspendiendo más del 70% de su reparto.
Hasta el momento, ninguna de estas empresas ha emitido un comunicado oficial sobre la suspensión de sus servicios, y tanto el gobierno del estado como el de Acapulco han guardado silencio respecto al tema. Trabajadores de forma anónima señalaron que la decisión se tomó debido a la falta de garantías de seguridad tras los ataques.
Una ola de violencia incontrolable
La tarde del jueves, en un lapso de una hora, se registraron tres ataques a repartidores en diferentes puntos de Acapulco:
- Un chofer de un camión de Corona fue asesinado cerca de la playa Las Hamacas, en la Costera Miguel Alemán.
- Media hora después, un repartidor de Fud fue atacado a tiros en la colonia Hogar Moderno, quedando herido.
- Finalmente, en la colonia Vista Alegre, un promotor de Coca-Cola fue asesinado en su vehículo de trabajo.
Ese mismo día, se reportaron otros hechos violentos, incluyendo el asesinato de un chofer de transporte público en la colonia Libertadores y otro en la colonia La Garita. Además, dos ataques separados a familias en los poblados de San Pedro Las Playas y Los Órganos dejaron un saldo de dos muertos y seis heridos.
Un problema recurrente
Esta situación recuerda episodios similares ocurridos hace un año, cuando choferes de transporte público fueron atacados, extorsionados y sus unidades incendiadas por grupos criminales. En aquella ocasión, el transporte se suspendió durante 15 días, y las autoridades tuvieron que proporcionar el servicio con patrullas de la Policía Municipal y la Guardia Nacional.
El panorama actual en Acapulco evidencia nuevamente la gravedad de la violencia y la falta de garantías de seguridad para trabajadores y ciudadanos, dejando en pausa actividades esenciales como la distribución de productos básicos y afectando a miles de familias que dependen de estos servicios.
