Redacción / Quintana Roo Ahora
Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo que obliga a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres y a detener los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La medida, que forma parte de la orden titulada «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal», busca limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer.
La directiva también se extiende a los detenidos en instalaciones de inmigración, ampliando significativamente restricciones similares implementadas durante el primer mandato de Trump. Según el texto de la orden, “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero condenaron la medida, argumentando que pone en riesgo la seguridad y salud de los presos trans. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que esta política podría aumentar los casos de abuso sexual y agresiones físicas, además de limitar la capacidad de los funcionarios penitenciarios para tomar decisiones basadas en las necesidades específicas de cada caso.
Expertos legales anticipan que la orden podría enfrentar impugnaciones judiciales. En 2022, un juez federal en Illinois ordenó al Buró de Prisiones proporcionar cirugía de reasignación de género a una reclusa trans, declarando que negar el procedimiento violaba la Octava Enmienda. Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, subrayó que las protecciones constitucionales siguen aplicándose a personas encarceladas o en centros de detención migratoria.
Datos del Buró de Prisiones indican que aproximadamente 1.500 mujeres transgénero se encuentran en prisiones federales, representando cerca del 15% de las mujeres encarceladas. Aunque constituyen menos del 1% de los adultos en EE.UU., las personas transgénero son desproporcionadamente afectadas por el sistema de justicia penal debido a factores como la discriminación, el rechazo familiar y dificultades económicas, según el Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles.
Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de la organización Black and Pink, denunció que retirar tratamientos hormonales puede tener efectos devastadores para las mujeres trans, generando profundas depresiones y afectando su salud mental. Además, criticó el uso frecuente del confinamiento en solitario como medida de seguridad, señalando que esta práctica es perjudicial para las personas trans.
La Corte Suprema ya había reconocido en 1994, en el caso Farmer v. Brennan, la vulnerabilidad de los presos transgénero y el deber del gobierno de protegerlos de la violencia. Dee Farmer, demandante en ese caso, señaló que ha recibido numerosas llamadas de reclusas trans preocupadas por las nuevas medidas. “Ayer recibí tres llamadas de pánico de mujeres trans que temen por lo que les va a pasar”, afirmó.
Bajo la nueva orden, el Prison Rape Elimination Act, que considera el estatus transgénero como un factor de riesgo para la asignación de alojamiento, será modificado según sea “necesario”. Organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ ya han anunciado que emprenderán batallas legales para desafiar estas políticas.
