Redacción / Quintana Roo Ahora
Tulum.- Personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de tres policías municipales, presuntamente relacionados con hechos probablemente constitutivos del delito de secuestro exprés. Los ahora detenidos, identificados como Carmen “N”, Gustavo Isabel “N” y Celiano Gerardo “N”, habrían participado en la privación ilegal de la libertad de una víctima, cuya identidad se mantiene en reserva.
Los hechos ocurrieron cuando los policías marcaron el alto a la víctima, quien conducía su automóvil particular en sentido contrario. Tras detenerse, los ahora imputados obligaron al conductor a descender del vehículo y lo subieron a una patrulla, donde lo inmovilizaron y privaron de su libertad. Según los reportes, los policías intimidaron a la víctima, advirtiéndole que lo encarcelarían y trasladarían su automóvil al corralón si se negaba a pagarles una fianza.



Las investigaciones preliminares revelaron que la víctima fue golpeada con un arma de fuego y, bajo amenazas, se le obligó a desbloquear su teléfono celular para realizar una transferencia bancaria por 40 mil pesos a la cuenta de un tercero. Estos hechos han generado indignación y han puesto en evidencia la presunta participación de elementos policiales en actos delictivos.
En audiencia, el Juez de Control calificó como legal la detención de los tres implicados. La defensa de los acusados solicitó la ampliación del término para la audiencia de vinculación a proceso, la cual está programada para llevarse a cabo el próximo 12 de febrero del año en curso. Mientras tanto, la autoridad judicial determinó imponerles la prisión preventiva justificada, medida que busca garantizar su presencia durante el proceso legal.
Este caso ha generado preocupación entre la ciudadanía y ha puesto en duda la integridad de algunos elementos de las fuerzas de seguridad en Tulum. Las autoridades han reiterado su compromiso de investigar a fondo los hechos y garantizar que se imparta justicia.
