Redacción / Quintana Roo Ahora
Ah, Tulum, ese paraíso turístico donde la única emergencia parece ser decidir si el tambor va en la camioneta de Protección Civil o en la de la comparsa. Porque, claro, ¿qué mejor uso para un vehículo destinado a salvar vidas que transportar instrumentos musicales? Gracias, Juan Carlos Medina Sosa, alias “Taralacas”, por recordarnos que en México la creatividad no tiene límites, especialmente cuando se trata de malgastar recursos públicos.
No es la primera vez que este genio de la logística utiliza una unidad de emergencia para fines que nada tienen que ver con su función. ¿Recuerdan aquella vez que usó una camioneta de Protección Civil para mover un sofá de Playa del Carmen a Tulum? Porque, obviamente, un sofá es tan urgente como un incendio o un accidente. ¿Qué sigue? ¿Usar una ambulancia para repartir pizzas? ¿O tal vez un camión de bomberos para llevar a los niños de excursión?
Pero no, no nos equivoquemos. Esto no es un error aislado. Es un patrón. Un patrón que demuestra que, para algunos funcionarios, los recursos públicos son como su juguete personal. ¿Emergencias? ¿Qué emergencias? Si hay tambores que transportar y comparsas que ensayar, ¿quién tiene tiempo para salvar vidas?
Y mientras tanto, la ciudadanía, esa molesta masa que paga impuestos y espera que su dinero se use bien, sigue indignada. “No es posible que usen los vehículos oficiales para cosas personales”, dicen. “Si alguien hubiera necesitado atención inmediata, ¿quién se haría responsable?”, preguntan. Pues, queridos ciudadanos, la respuesta es simple: nadie. Porque en este circo, el responsable siempre parece ser el payaso que nunca rinde cuentas.
Las redes sociales arden, como debe ser. La gente exige respuestas, pero las autoridades municipales, fieles a su estilo, guardan un silencio que grita complicidad. ¿Qué van a decir? ¿Que la camioneta PC-09 estaba en una misión secreta para salvar el ritmo de la comparsa? ¿O que los tambores son, en realidad, equipo de emergencia para casos de aburrimiento extremo?
Lo más triste de todo esto no es el hecho en sí, sino lo que representa: la normalización de la corrupción y el abuso de poder. Cada vez que un funcionario usa un recurso público para fines personales, nos recuerda que, para ellos, el servicio a la comunidad es solo un eslogan bonito que queda bien en los discursos, pero no en la práctica.
Así que, mientras Taralacas y compañía siguen jugando con las camionetas como si fueran suyos, los ciudadanos seguiremos aquí, indignados, pero no sorprendidos. Porque en este país, la única emergencia real es la falta de ética en quienes deberían servirnos. Y lamentablemente, para eso no hay camioneta que alcance.
