Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- Los directivos de la empresa Aguakan no se presentaron ayer a la audiencia programada en el Juzgado Segundo de Distrito, donde se analiza la denuncia presentada por el Gobierno de Quintana Roo en su contra por los presuntos delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas irregulares de servidores públicos.
La audiencia, que originalmente estaba prevista para el lunes 3 de marzo, fue pospuesta dos días debido a las festividades del Carnaval de Cancún. Según personal del juzgado, la parte acusada tiene la posibilidad de presentar recursos de defensa a través de medios electrónicos, como correo electrónico o internet, o de manera presencial.
Este proceso se suma a los amparos promovidos por Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan, en favor de su director general, Paul Andrew Rangel Merkley, quien obtuvo una medida de protección a mediados del año pasado que suspende provisionalmente una orden de aprehensión en su contra. No obstante, una alerta migratoria sigue vigente.
En un giro relevante, la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra Rangel Merkley, decisión que fue confirmada mediante el oficio número FGRFECOC-FEIDA-1061-2024, autorizado el 25 de junio pasado. Esta resolución fue entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Cancún como parte de un amparo tramitado el 6 de marzo de 2024.
Además de los procesos legales en México, DHC-Aguakan recurrió el 23 de febrero a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) para solicitar mediación en el conflicto con el Gobierno de Quintana Roo por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Tras ser notificados sobre el arbitraje, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres respondieron a la solicitud el 12 de junio de 2023, mientras que Puerto Morelos y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) lo hicieron el 12 de julio del mismo año. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los informes presentados, se confirmó que el arbitraje sigue su curso.
Funcionarios estatales expresaron confianza en que el desenlace será favorable para CAPA, lo que podría resultar en la revocación de la concesión de Aguakan. Sin embargo, destacaron que es necesario esperar el avance de los procedimientos jurídicos.
Cabe recordar que en septiembre de 2023, el Cabildo de Quintana Roo aprobó unirse al procedimiento legal impulsado por CAPA, colaborando en la recopilación de pruebas y respuesta a los amparos interpuestos por la concesionaria. Respecto a una posible indemnización, se señaló que el monto final dependerá de las negociaciones y podría ser inferior a lo esperado por Aguakan.
