Redacción / Quintana Roo Ahora
Estados Unidos.- El mundo de los corridos vuelve a quedar en el centro de la polémica tras la declaración de culpabilidad del cantante Gerardo Ortiz por conspiración para violar una ley federal en Estados Unidos. Su caso reaviva el debate sobre la relación entre la música regional mexicana y el narcotráfico, una conexión que ha sido señalada durante años, pero pocas veces enfrentada con consecuencias legales.
De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, Ortiz realizó negocios y ofreció conciertos bajo la dirección del promotor Jesús “Chucho” Pérez Alvea, un personaje vinculado directamente con cárteles del narcotráfico y designado oficialmente como narcotraficante bajo la Ley de Capos Extranjeros de Narcóticos. En 2018, el FBI advirtió al cantante sobre las implicaciones de seguir trabajando con Pérez, pero Ortiz hizo caso omiso y continuó con al menos 19 presentaciones más, bajo la dirección de Ángel Del Villar, de Del Records.
El impacto de este caso va más allá de un solo artista. La industria musical se sacude con esta revelación, pues deja al descubierto cómo el narcotráfico no solo financia corridos que glorifican a criminales, sino que también influye directamente en los eventos y carreras de algunos artistas. Durante décadas, los narcocorridos han servido como propaganda para los cárteles, pero el caso de Ortiz demuestra que la relación entre el crimen organizado y la música regional mexicana podría ser más profunda de lo que se pensaba.
Ortiz enfrenta ahora las consecuencias legales de su decisión, un hecho que podría marcar un precedente en la persecución de artistas que mantienen vínculos con el narcotráfico. La gran pregunta es: ¿cuántos más están involucrados?
