Redacción / Quintana Roo Ahora
El hartazgo ciudadano en Cancún ha alcanzado un nuevo punto crítico. Un colectivo social ha convocado a una manifestación, e incluso a la posible toma de instalaciones de Aguakan y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), ante el reiterado incumplimiento de acuerdos establecidos en mesas de diálogo y la falta de soluciones reales a las constantes denuncias por parte de usuarios.
Resistencia Civil Pacífica Quintana Roo, agrupación que lidera esta protesta, denunció cobros excesivos por parte de la concesionaria Aguakan, que van desde los 30 mil hasta los 85 mil pesos, aún cuando supuestamente se han realizado estudios por fugas que no se han resuelto. La insensibilidad de la empresa también fue señalada, pues corta el suministro de agua sin considerar que las instalaciones se encuentren bajo investigación, y exige pagos inmediatos para restablecer el servicio.
Entre las quejas también destacan los cobros por revisión del medidor y la ausencia de convenios de pago, prácticas que han sido calificadas como abusos hacia la ciudadanía. A ello se suma la deficiencia del servicio, con baja presión o falta total de agua en fraccionamientos como Kusamil, Urbi Villas y Paraíso Maya, a pesar de los comunicados en redes sociales donde se asegura que el suministro ha sido restablecido.
Ante la falta de respuesta efectiva, los vecinos han anunciado su disposición a bloquear calles, tomar oficinas e incluso dejar de pagar por un servicio que consideran deficiente o inexistente. En Lázaro Cárdenas, el panorama es similar: colonias como Xamankah y Miguel Borge Martín enfrentan interrupciones sin previo aviso, fugas de agua sin reparar desde hace más de un mes, y afectaciones causadas por fallas eléctricas y mantenimiento deficiente.
La indignación aumenta debido a la falta de atención por parte del titular de CAPA, Carlos Dzul, quien, según los denunciantes, está más enfocado en actos oficiales que en resolver las múltiples problemáticas que aquejan a los usuarios. Pese a ello, la dependencia amenaza con sanciones fiscales a quienes no paguen puntualmente, sin importar la calidad o continuidad del servicio.
Si las autoridades y Aguakan no ofrecen respuestas claras y soluciones inmediatas, la ciudadanía ya planea un plantón estatal como siguiente paso en su lucha por un servicio justo y eficiente.
