Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- En un estado donde la gasolina se ha convertido en una constante preocupación para los bolsillos de los ciudadanos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló una cifra alarmante: apenas 6 de las 201 estaciones de servicio en Quintana Roo respetan el acuerdo nacional que fija el precio máximo del litro de gasolina regular en 24 pesos. Esto representa solo el 2.98% del total, un incumplimiento masivo que deja en evidencia el desinterés del sector por proteger la economía de las familias.
El acuerdo, firmado entre la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la propia Profeco, tenía como objetivo contener los precios del combustible durante seis meses —hasta julio— como una medida preventiva frente a posibles alzas desmedidas, conocidas popularmente como “gasolinazos”. Sin embargo, la información mapeada en el portal oficial alertas.gob.mx/estaciones/ muestra que los empresarios gasolineros de la Península de Yucatán, y especialmente de Quintana Roo, no solo desobedecen la disposición, sino que operan con tarifas por encima del límite convenido.
En Cancún, la única estación que respeta el precio tope se ubica en el Km 15.5 del Boulevard Kukulkán, en plena Zona Hotelera, con un precio promedio de 23.90 pesos por litro. En Playa del Carmen, hay tres estaciones alineadas al acuerdo, con precios de 23.99 pesos, ubicadas en la Avenida CTM, Avenida Colosio y en la Zona 9 de la ciudad.
Por su parte, en Tulum, únicamente una gasolinera cumple: la situada en el tramo Tulum–Playa del Carmen de la Carretera Federal 307, a la altura de Calle Yalku. Finalmente, Bacalar aparece en la lista con una sola estación adherida, localizada en la Avenida 19 del Libramiento, también con el precio de 23.99 pesos por litro.
El objetivo del acuerdo federal es claro: evitar que el precio de la gasolina impacte de manera negativa en el costo de vida. Las revisiones periódicas permitirán medir la efectividad de la medida y ajustar las estrategias. No obstante, la baja adhesión de los gasolineros quintanarroenses plantea una duda legítima: ¿de qué sirve un acuerdo nacional si no existen consecuencias claras para quienes lo ignoran?
Este panorama deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad frente a un mercado que, en teoría, debía estar regulado. Mientras tanto, las familias continúan sintiendo en carne propia los efectos de un modelo que, lejos de protegerlas, parece seguir priorizando intereses económicos sobre el bienestar común.
