Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Q. Roo — Los diputados locales Ricardo Velazco (Morena), Hugo Alday (PT) y el exalcalde de Cancún, Julián Ricalde, coincidieron en que el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado debe regresar al control del Estado y no debe ser objeto de una nueva privatización. “El agua no es un negocio, es un derecho humano”, enfatizaron en entrevistas recientes.
La postura de los tres referentes de la izquierda quintanarroense surge en el contexto de la sentencia emitida por el Juzgado Federal Octavo de Distrito, la cual representa un nuevo revés legal para la empresa Aguakán en su intento por mantener la concesión en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Ricardo Velazco, exmilitante del PMT-PSUM, fue enfático al señalar que “la concesión del agua ha sido una práctica neoliberal que solo ha resultado en un servicio deficiente y caro”. Añadió que esta coyuntura ofrece una oportunidad histórica para que los gobiernos municipales y el Estado ejerzan la rectoría sobre un derecho consagrado en el artículo 4º constitucional.
“La empresa Aguakán ha provisto uno de los servicios de agua más caros del país. Ya es tiempo de que el Estado, a través de CAPA o una empresa intermunicipal, asuma la responsabilidad. No se puede dejar un derecho humano en manos de quienes buscan solo rentabilidad”, afirmó Velazco.
Julián Ricalde, por su parte, recalcó que el control del agua debe estar en manos del Estado, no mediante concesiones ni intermediarios con fines de lucro. “Lo ha dicho el propio gobierno federal: el agua es un derecho. Lo que se requiere es una empresa pública con control absoluto del Estado, no una empresa privada con fines comerciales”, apuntó.
Desde el Congreso, Hugo Alday coincidió en la necesidad de que CAPA asuma la administración, aunque llamó a tener cautela y una entrega-recepción ordenada. “La sentencia aún puede ser impugnada, pero lo importante es que el Estado esté listo para recibir no solo la infraestructura, sino también los posibles problemas heredados. CAPA es el ente público que debe asumir esta función esencial.”
