Redacción / Quintana Roo Ahora
Activistas y miembros de la comunidad LGBTI+ en Antioquia están de luto tras el crimen estremecedor que cobró la vida de Sara, conocida cariñosamente como “la Millerey” por sus amigas. Los hechos ocurrieron en los primeros días de abril de 2025, y han generado indignación por la crueldad con la que fue atacada.
Según denuncias compartidas en redes sociales, a Sara le fracturaron los brazos y las piernas antes de ser arrojada a la quebrada Playa Rica, en el municipio de Bello. La noticia de su fallecimiento fue confirmada la tarde del domingo 6 de abril, generando un profundo dolor entre familiares, amigos y colectivos sociales.
Los últimos momentos de Sara han sido descritos como una verdadera pesadilla. No bastó con la golpiza: sus agresores la inmovilizaron deliberadamente para evitar que escapara de una trampa mortal. A pesar de sus súplicas, terminó perdiendo la vida, dejando un profundo vacío en su comunidad y un grito de exigencia por justicia.
Su asesinato se suma a una preocupante tendencia de violencia contra la población trans en Colombia. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado a finales de 2024, entre enero y octubre del año pasado se registraron 258 incidentes violentos motivados por prejuicios hacia personas transgénero y no binarias, lo que representa un alarmante aumento del 29,6 % con respecto al año anterior.
Los departamentos más afectados han sido Norte de Santander, Santander, Meta, Antioquia y Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación también reveló que, en 2024, 26 personas transgénero fueron asesinadas, lo que equivale a un promedio de dos homicidios mensuales.
Estas cifras reflejan no solo el incremento de la violencia, sino también las barreras estructurales que enfrentan las personas transgénero en Colombia: desde la discriminación en el acceso a servicios de salud, hasta las condiciones adversas en contextos penitenciarios y las dificultades para acceder a la justicia.
La muerte de Sara “la Millerey” no puede quedar impune. Su historia, marcada por la violencia, es un llamado urgente a la acción por parte del Estado y la sociedad, para proteger la vida y los derechos de una de las poblaciones más vulnerables del país.
