Redacción / Quintana Roo Ahora
ESTADOS UNIDOS.- En un escenario cada vez más tecnificado, la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en un campo de vigilancia aérea, donde los drones —no los aviones ni los satélites— marcan la pauta. Desde febrero de 2022, la Patrulla Fronteriza ha detectado casi 155 mil vuelos de drones no autorizados, presuntamente operados por cárteles y organizaciones criminales mexicanas, que los utilizan para espiar los movimientos de las autoridades y facilitar actividades de tráfico de drogas y personas.
“Es una amenaza diaria. Estos drones nos observan, documentan nuestras rutas, patrones de patrullaje y vulnerabilidades”, alertó Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector de Río Grande Valley, Texas, durante una conferencia virtual con medios. La funcionaria calificó a los dispositivos como «peligrosos» por su capacidad de recabar inteligencia en tiempo real sobre operaciones estadounidenses.
En respuesta, la administración del expresidente Donald Trump —que sigue influyendo en la política de seguridad bajo el actual liderazgo republicano— ha comenzado a invertir en tecnología de interdicción de drones, cuyo propósito es neutralizar los vuelos ilegales, tomar control de las aeronaves y extraer información que pueda ser útil en la investigación conjunta con autoridades mexicanas.
Los números respaldan la alarma: tan solo este año, en el sur de Texas, las autoridades han incautado 9,500 libras de marihuana, 780 de cocaína y 240 de metanfetaminas, en operativos directamente relacionados con estos sistemas de vigilancia criminal. Chávez explicó que las bandas detrás de estos movimientos son las mismas que enfrentan día a día: cárteles altamente organizados, equipados y en constante evolución.
Para reforzar la seguridad, Estados Unidos mantiene un despliegue de 6,400 soldados en la frontera, además de 4,300 miembros de la Guardia Nacional de Texas, una cifra que revela el nivel de blindaje que se vive en la franja sur del país. Este cerco ha coincidido, según Chávez, con una baja significativa en cruces ilegales: de 370 arrestos diarios en su sector a solo 51, es decir, una disminución del 71% en el ritmo migratorio.
Además, el endurecimiento de las políticas antimigrantes ha llevado a acelerar los procesos legales contra personas que ingresan sin documentos. En abril pasado, se contabilizaron casi 3 mil enjuiciamientos a nivel nacional, con 1,200 solo en el sector del Valle del Río Grande. A esto se suma una nueva estrategia de deportación: los migrantes serán devueltos al centro o sur de México, no a las ciudades fronterizas, en un intento por disuadir nuevos ingresos.
“No importa de qué país vengas: si entras ilegalmente, se te procesará y se te deportará”, sentenció la funcionaria, dejando claro que el enfoque estadounidense se mantendrá firme frente a la migración y el crimen organizado que opera desde el otro lado del río Bravo.
