Paso En Falso
En Quintana Roo, la cifra de personas desaparecidas crece como una herida que no cierra. Lo que antes parecía un problema focalizado en algunas regiones del país, hoy se enquista con fuerza en nuestro paraíso turístico. La indiferencia institucional y la violencia organizada han hecho de esta tierra un territorio donde los cuerpos se esfuman, las búsquedas se eternizan y las respuestas son evasivas. La estadística de 165 desapariciones en lo que va del año no es un simple número: es una prueba lapidaria de que algo se está pudriendo en las entrañas del estado.
Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum no solo concentran las miradas de turistas, sino también los mayores índices de desapariciones. El contraste es grotesco: mientras se promocionan hoteles con alberca infinita y cocteles con vista al mar, en los barrios y comunidades se multiplican los volantes con rostros que imploran ser encontrados. La narrativa oficial se esmera en maquillar la violencia, culpando al crimen organizado como si bastara señalarlo para eximirse de responsabilidad. Pero detrás de cada ficha de búsqueda hay omisiones, burocracia y negligencia disfrazada de protocolo. De forma apenas comentada, la mayoría de las víctimas son hombres —119 de los 165 casos registrados—, una tendencia que exige atención sin diluir el enfoque integral en derechos humanos. Porque cuando un patrón se repite, lo menos que puede hacerse es preguntarse por qué.
En el sur del estado, la violencia ha dejado de ser un eco lejano. Lo sucedido en Tuzik, Felipe Carrillo Puerto, donde un grupo armado irrumpió en la madrugada para llevarse por la fuerza a dos hombres —uno de los cuales sigue sin aparecer—, no es un caso aislado. Es un síntoma. Las comunidades rurales, históricamente abandonadas, ahora enfrentan además el flagelo de comandos armados que operan con impunidad. ¿Quién protege a la gente cuando la ley es una figura decorativa y la justicia un mito?
Y mientras tanto, los hallazgos sin vida —13 hasta ahora, 12 en Cancún— siguen marcando el rumbo de una crisis que ya es estructural. La desaparición de personas en Quintana Roo no puede tratarse como un daño colateral ni como una estadística pasajera. Es un fenómeno que requiere voluntad política, recursos reales y una sacudida ética a las instituciones. Porque cuando la normalización de la violencia se instala en el corazón del Caribe, no estamos ante un problema de percepción: estamos ante el fracaso de un Estado que ya no protege ni busca, solo administra la tragedia.
