Paso En Falso
La elección de jueces y magistrados el próximo 1 de junio es, sin exagerar, uno de los eventos más trascendentales en la historia democrática reciente de México. Por primera vez, las y los ciudadanos tendremos la posibilidad de elegir directamente a quienes impartirán justicia desde los tribunales federales y locales. Estamos hablando de 881 cargos federales, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más de 1,600 en total a nivel nacional. Y, sin embargo, más de la mitad de la población ni siquiera sabe que esta elección ocurrirá. Según una encuesta de El Financiero/El Heraldo, el 56% de los mexicanos está poco o nada enterado del proceso, y apenas el 12% conoce la fecha exacta del comicio. ¿Cómo podemos hablar de justicia si no hay ciudadanía informada ni movilizada?
En lugar de debates públicos sobre el perfil de los candidatos o el tipo de justicia que queremos, lo que impera es el desinterés. El sistema judicial mexicano ha sido históricamente opaco, pero esta reforma –el llamado “Plan C”– abre la puerta a una democratización inédita. No obstante, incluso con encuestas como la de Alius Polls, que asegura que el 82.6% dice estar informado y el 75% tiene intención de votar, la contradicción con otros estudios revela un país confundido, fragmentado, desinformado. Y no es menor el hecho de que 64.6% de los ciudadanos considera que los jueces son corruptos, según México Evalúa. Este desfase entre percepción y conocimiento real tiene una explicación simple: la mayoría de la gente no sabe qué hace un juez. Confunde al Ministerio Público con el Poder Judicial o al policía con el magistrado.
No ayuda que el contexto político esté plagado de violencia y miedo. En el proceso electoral de 2024 fueron asesinados al menos 45 aspirantes o figuras políticas, en Quintana Roo aún resuena el crimen de Manuel Santiago Tun, coordinador de campaña de Morena en Cancún. ¿Cómo exigir participación electoral en un país donde la política puede costarte la vida? La inseguridad y la impunidad son obstáculos reales para una ciudadanía activa. A eso se suma el vacío institucional: la promoción de esta elección será compartida entre los tres poderes del Estado, pero sin precedentes, sin pedagogía clara, sin garantías de equidad ni claridad sobre cómo serán elegidos estos jueces más allá de la papeleta.
Elegir jueces es un acto de poder ciudadano. Pero votar sin información es casi tan peligroso como no votar. Esta elección es clave para redefinir el rumbo de la justicia en México, pero no se puede construir una Corte del pueblo sin un pueblo consciente. Si esta reforma fracasa por apatía o manipulación, no será sólo una oportunidad perdida: será la confirmación de que aún no entendemos el valor de la justicia independiente. ¿Elegiremos o dejaremos que nos elijan? Esa es la pregunta que deberíamos estar discutiendo en todas las plazas, medios y escuelas del país. Y no estamos ni cerca.
