junio 22, 2025

Paso En Falso

Mientras Quintana Roo presume eficiencia en sus tribunales laborales estatales, el ámbito federal se hunde en un rezago que grita por atención. El 51.8% de los juicios laborales federales en la entidad permanecen sin sentencia, según datos del Inegi. Más de la mitad de los mil 75 expedientes abiertos en ese periodo siguen en trámite, una cifra que escuece si recordamos que sólo dos jueces federales atienden la carga en todo el estado. Dos. Para un territorio que no sólo crece demográficamente, sino que también representa un motor turístico y económico del país.

Esta desproporción no es casual ni reciente; es estructural. La justicia federal laboral en Quintana Roo arrastra los pies, no por «negligencia» de quienes la operan, sino por una evidente falta de recursos humanos y tecnológicos. Expertos han señalado que esta lentitud impacta directamente en los derechos laborales de miles de trabajadores que, en muchos casos, viven al día. El tiempo judicial es un lujo que no todos pueden pagar. Y si bien la justicia tarda, cuando se vuelve inalcanzable, se convierte en injusticia.

Lo más paradójico es que en el fuero estatal, Quintana Roo sí destaca: cuatro juezas —sí, mujeres— han logrado mantener un rezago de apenas 23.6% en más de cinco mil expedientes. El contraste es brutal. Mientras en el nivel federal los procesos se atascan como tráfico en hora pico, en el estatal se aplican buenas prácticas como audiencias virtuales y conciliaciones tempranas que hacen fluir los casos con mayor eficacia. ¿Por qué no replicar este modelo en el ámbito federal? ¿Por qué se tolera esta brecha tan evidente entre dos sistemas que, en teoría, deben servir al mismo fin?

Lo que urge es más que un parche: se necesita una reforma operativa. Más jueces, inversión en tecnología, y una voluntad política real de priorizar la justicia laboral como un tema de derechos humanos, no como una estadística de trámite. Porque cuando el estado no garantiza justicia pronta y expedita, condena a su clase trabajadora a un limbo legal que perpetúa la desigualdad. En un estado donde el crecimiento económico no se detiene, la justicia no puede permitirse ir en reversa.

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