Paso En Falso
José de la Peña Ruiz de Chávez, “figura histórica” del PVEM, podría ser la prueba más fidedigna de que en Quintana Roo la designación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) también se gesta “a modo”. El artículo 101 de la Constitución local establece que un aspirante a magistrado debe acreditar mínimo cinco años en el ejercicio profesional del derecho ¿Lo cumple “Pepe”? No. Su hoja curricular habla de regidurías, diputaciones, cargos en gabinete… pero ni una sola línea sobre litigio, juzgados, secretarías de acuerdos o expedientes judiciales .
El expediente del candidato deja claro que, en lugar de pasar años escribiendo sentencias o desahogando expedientes, Pepe se dedicó a la política pura: coordinador del gabinete estatal, jefe de oficina de la gobernadora, diputado local en dos legislaturas . ¿Entonces dónde está ese bagaje de cinco años probados frente a códigos, tribunales o audiencias? Pues no está. Ese requisito constitucional no se compadece con un currículo político; es un requisito técnico y especializado. No cumplirlo debería automáticamente sacarlo de concurso. Punto.
Pero en el Quintana Roo de hoy parece más fácil que un político brinque la ley antes que un ciudadano común. Hay spoilers: el Tribunal Electoral, encabezado por Sergio Avilés Demeneghi —quien, vale decirlo, tiene afinidades de años con Pepe— podría ser el encargado de validar su candidatura, sin mayor resistencia . La sobrada convicción y el respaldo mediático goloso parecen imponerse a la letra constitucional, haciendo de la justicia una moneda de cambio.
Este es el verdadero meollo: no es un capricho, es una potestad muy grande la que demanda un puesto en el TSJE. Si la norma exige especialización jurídica —no sólo diploma, sino experiencia probada—, exigir su cumplimiento no es intransigencia, sino el mínimo decoro. Lo contrario es tratar la ley como manual de instrucciones para el poder político: se usa, se rasga y se dobla a conveniencia. Y en el Caribe de Quintana Roo, eso es caldo de cultivo para que la justicia sea vista como un escenario más para disputas de amigos y compadres, más que en una función pública de respeto, imparcialidad y garantía real de derechos.
