Paso En Falso
La selva maya, pulmón vital y hogar de comunidades milenarias, vuelve a enfrentarse a la sombra de un modelo extractivista que cree poder incendiarla sin consecuencias. La Semarnat, el pasado 27 de junio, negó el permiso a Cemex para desmontar 650 hectáreas de selva en Tulum para operar una trituradora y planta de cribado, entre otras infraestructuras del llamado “Banco de Materiales”. Es una victoria parcial: el aval a Cemex no se consumó, pero el fuego no se apaga. Porque mientras una empresa es desacelerada, decenas más —sobre todo vinculadas a la Sedena (ahora Defensa)— avanzan sin freno en lo que Greenpeace describe como “modelo Calica nacionalizado”.
De enero a julio de 2025, la Gaceta Ecológica de Semarnat publicó autorizaciones para alrededor de 30 bancos de material en Quintana Roo, de los cuales 26 estarían directamente vinculados al Ejército. Este dato nos obliga a abrir los ojos: hablamos de casi 10 mil hectáreas deforestadas en la península sólo en estas operaciones – más que el emblemático caso Calica, que devastó poco más de 2 mil hectáreas en tres décadas. La cifra no es una abstracción: podría equivaler a más de 14 mil campos de futbol, arrancados del corazón verde de México sin que se active un sólo semáforo regulatorio.
Estas sascaberas operan incluso bajo mantos acuíferos que conectan la selva con nuestros cenotes y costas; contaminarlas significa destruir el sustento de comunidades y ecosistemas. Greenpeace alerta que muchas autorizaciones son “extemporáneas”: la maquinaria ingresó primero, los permisos llegaron después. La Semarnat, en lugar de frenar, parece rendirse ante la maquinita. El silencio frente a los permisos militares es atronador: negar el cambio de uso de suelo a Cemex sin investigar y climatizar la responsabilidad del Ejército es una irresponsabilidad institucional.
Lo más grave quizás sea el discurso oficial: mientras se justifican “trámites” o llamados a la consulta pública, la selva arde en tajo tras tajo. ¿Los principios de precaución y derecho ambiental? Se antojan como epílogos decorativos en documentos sin dientes. Aquí, el modelo extractivo no es sólo empresarial: es estatal y militar. Renacionalizar la devastación no la humaniza. Solo la refuerza bajo el pretexto de la célebre “seguridad nacional” como escudo para dinamitar miles de hectáreas. Hoy, Semarnat tiene una responsabilidad histórica: cerrar la llave del permiso y frenar el avance militarizado de estas trincheras extractivistas.
