Redacción / Quintana Roo Ahora

México.- A solo cuatro meses de concluir su mandato, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto asignó un contrato millonario a la empresa israelí Air Cap. En específico, el 31 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación otorgó a Air Cap un contrato por 4.2 millones de dólares, apenas meses antes del fin del sexenio peñista. Uri Emanuel Ansbacher, dueño de dicha firma, asegura que ese acuerdo formó parte de un soborno total de 25 millones de dólares entregado a Peña Nieto. De acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tiempo atrás –el 7 de junio de 2017– la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había contratado a Air Cap para actualizar, dar mantenimiento y mejoras a la plataforma de Pegasus, por lo cual la compañía cobró 92.9 millones de pesos. En el marco de una disputa legal en Israel, Ansbacher y su socio Avishai Neriah declararon haber entregado aproximadamente 25 millones de dólares al exmandatario mexicano a cambio de contratos oficiales, incluido el de Pegasus.

La investigación global Pegasus Project (publicada en 2021) y reportes de medios israelíes –como el diario The Marker– vincularon a Air Cap con una red de empresas “fachada” basadas en México, propiedad del propio Ansbacher, utilizadas para comercializar el software de espionaje del grupo NSO. Documentos filtrados por un excolaborador de Ansbacher revelaron que Air Cap era una de al menos 18 compañías pantalla creadas para triangular la venta de Pegasus a dependencias del gobierno mexicano. A continuación, se presenta el trasfondo del caso Pegasus y los contratos con Peña Nieto, desglosado en puntos clave.

1. ¿Qué es Pegasus y por qué es relevante?

Pegasus es un software de espionaje desarrollado por la firma israelí NSO Group, especializada en tecnología de vigilancia. Es un programa altamente sofisticado que permite acceder remotamente a teléfonos móviles y extraer información confidencial sin que el usuario lo detecte. Originalmente fue presentado como una herramienta para combatir el terrorismo y el crimen organizado, vendida exclusivamente a gobiernos bajo el pretexto de la seguridad nacional. Sin embargo, en la práctica su uso se desvió con frecuencia para invadir la privacidad de civiles: Pegasus puede encender la cámara y el micrófono del dispositivo, obtener mensajes, grabar llamadas, rastrear ubicaciones GPS y recopilar prácticamente todos los datos del teléfono sin dejar rastro.

En México, Pegasus fue adquirido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y su uso tuvo un alcance inédito a nivel mundial. Investigaciones internacionales –como el Pegasus Project– señalan que México fue el primer y principal cliente de NSO Group, y uno de los países que más utilizó este malware contra civiles. De hecho, una filtración de más de 50 mil números telefónicos objetivo reveló que 15 mil de ellos eran de México, incluyendo políticos de oposición, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, jueces e incluso personas cercanas al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Esta cantidad extraordinaria de blancos mexicanos evidenció el uso sistemático de Pegasus con fines políticos, socavando el argumento de NSO de que su spyware solo se empleaba para combatir delincuentes y terroristas.

2. El contrato bajo la lupa

El contrato adjudicado a Air Cap en 2017 por la PGR —para el mantenimiento y actualización de Pegasus— está ahora bajo escrutinio por posibles actos de corrupción. Dicha asignación se realizó de manera directa y por un monto de 92.9 millones de pesos, con el objetivo de mantener operativa la plataforma de espionaje adquirida en 2014. Air Cap fungió como intermediaria en la venta del software espía, pero investigaciones posteriores revelaron que se trataba de una empresa fantasma: formaba parte de la red de compañías fachada de Uri Ansbacher para comercializar tecnologías de vigilancia en México. Entre 2017 y 2020, Air Cap y firmas relacionadas acumularon contratos gubernamentales por casi mil millones de pesos en distintos niveles de gobierno, lo que encendió las alarmas sobre sus operaciones irregulares.

Según declaraciones del propio Ansbacher en un proceso legal en Israel, la obtención de este contrato (y otros similares) estuvo vinculada al pago de sobornos millonarios a la cúpula del gobierno mexicano. En concreto, Ansbacher afirmó –junto a su socio Avishai Neriah– haber “invertido” 25 millones de dólares en el presidente Peña Nieto a cambio de obtener contratos lucrativos en su administración, incluyendo la venta del sistema Pegasus. En otras palabras, parte de esos recursos habrían servido para agilizar y asegurar la contratación de Pegasus a través de sus empresas. Esta explosiva acusación, dada a conocer inicialmente por The Marker (con base en un arbitraje confidencial entre los socios israelíes), sugiere que el contrato de 2017 con PGR fue posible gracias a un pago ilegal al entonces presidente.

3. La defensa de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto ha rechazado categóricamente estas acusaciones. Tras la publicación del reportaje israelí, el exmandatario calificó de “totalmente falsa” la nota sobre los supuestos sobornos. Sostiene que durante su gestión no tuvo injerencia directa en la asignación de contratos a proveedores, ya que ese tipo de decisiones correspondían a funcionarios de nivel operativo y no al Presidente. “Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor; no es mi tarea”, declaró Peña Nieto en entrevista, enfatizando que nunca recibió dinero ilícito alguno. Asimismo, señaló que las versiones en su contra “carecen de sustento” y las atribuyó a intentos malintencionados de dañar su imagen.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia documental o testigos adicionales que corroboren la versión del soborno más allá de los dichos de Ansbacher y Neriah. El expresidente permanece en la postura de que todo se trata de una disputa entre particulares (los empresarios israelíes) en la cual él no tiene parte ni responsabilidad. Su estrategia pública se ha centrado en desacreditar la acusación y en argumentar que, durante su gobierno, la contratación de sistemas de inteligencia siguió los cauces institucionales sin su intervención personal.

4. Implicaciones legales en México e Israel

En México, las revelaciones desataron la intervención de las autoridades. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por el presunto soborno de 25 millones de dólares a cambio de otorgar contratos vinculados con Pegasus. El fiscal Alejandro Gertz Manero informó el 8 de julio de 2025 que solicitará formalmente asistencia jurídica a Israel para obtener la información y las pruebas sobre estos hechos. De comprobarse los señalamientos, podrían configurarse delitos graves como cohecho (soborno), enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público, entre otros. La FGR ha indicado que integrará toda la evidencia disponible –tanto periodística como la que provenga de las autoridades israelíes– con el fin de judicializar el caso si hay elementos suficientes.

En Israel, por otro lado, el enfrentamiento legal entre Uri Ansbacher y Avishai Neriah (antiguos socios en el negocio de Pegasus) también está sacando a la luz detalles comprometedores. La disputa –dirimida en un arbitraje rabínico según reportó The Marker– busca determinar la legalidad de los contratos obtenidos en México y el reparto de beneficios entre los empresarios. En ese proceso han emergido datos sobre las estructuras financieras empleadas para canalizar dinero hacia México, incluyendo el uso de empresas registradas en paraísos fiscales y en territorio mexicano. El arbitraje reveló, por ejemplo, que Ansbacher y Neriah se dividieron el acceso a distintas dependencias del gobierno mexicano, marcando algunas como “pertenecientes” a uno u otro, tras su inversión en “el hombre mayor” (eufemismo con el que aludían a Peña Nieto). Estos pormenores podrían derivar eventualmente en colaboraciones judiciales entre México e Israel para seguir la pista del dinero y esclarecer si hubo lavado de activos o violaciones a las leyes locales en la obtención y cumplimiento de los contratos de Pegasus.

5. Relevancia internacional del escándalo Pegasus

El fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, ha enfrentado sanciones y escrutinio internacional debido al abuso de su software espía contra civiles. Estados Unidos, por ejemplo, incluyó a NSO Group en su “lista negra” de entidades comerciales en noviembre de 2021, reconociendo que Pegasus se utilizó para cometer abusos contra derechos humanos. A raíz de ello, las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con NSO, y el propio gobierno de Joe Biden impuso restricciones de visa a personas implicadas en el uso indebido de herramientas cibernéticas ofensivas. En la Unión Europea, tanto el Parlamento como organismos de derechos humanos han presionado a Israel para frenar la exportación de spyware a regímenes con históricos de represión. Pegasus se ha convertido en sinónimo de vigilancia estatal extrajudicial, y su descubrimiento desató investigaciones oficiales en varios países, así como llamados a regular el comercio de cibervigilancia a nivel internacional.

El escándalo Pegasus tiene un carácter global porque México no es el único país donde este malware se usó con fines políticos. En naciones como Hungría, Polonia, Marruecos, Arabia Saudita, entre otras, se documentó el empleo de Pegasus para espiar a opositores, periodistas y activistas, desviándolo de su propósito inicial. Marruecos, por ejemplo, utilizó el spyware para intervenir los teléfonos de al menos 30 periodistas y directivos de medios franceses, según una investigación internacional. Asimismo, se descubrió que dos personas cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi –asesinado en 2018– tenían sus números en la lista de objetivos de Pegasus, en un caso que apunta a los servicios de Arabia Saudita. Países miembros de la UE como Hungría y Polonia también enfrentaron sendos escándalos: en Hungría se hallaron decenas de blancos internos (activistas y reporteros) del spyware bajo el gobierno de Viktor Orbán, mientras que en Polonia una comisión del Senado confirmó que el anterior gobierno empleó Pegasus ilegalmente contra miembros de la oposición. Estos hallazgos internacionales han llevado a sanciones y a un mayor escrutinio diplomático sobre las exportaciones de tecnología de espionaje israelí, colocando al caso Pegasus en el centro de debates sobre privacidad, ciberseguridad y derechos humanos en el mundo.

6. Impacto político en México

El caso Pegasus ha reavivado los cuestionamientos sobre la corrupción y el espionaje político durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, abonando a la erosión de la imagen del exmandatario. Peña Nieto –quien desde 2019 reside fuera de México, específicamente en España– ve cómo este escándalo internacional suma otro señalamiento a la lista de controversias de su administración. La revelación de que su gobierno habría espiado a periodistas y adversarios políticos mediante un malware intrusivo fortalece la percepción de un Estado que abusó del aparato de inteligencia con fines políticos, algo que tanto él como sus colaboradores han negado insistentemente.

La polémica también ejerce presión política sobre el gobierno actual. Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, ha prometido combatir la impunidad de funcionarios de anteriores administraciones. Diversas organizaciones de la sociedad civil –como Artículo 19, R3D y SocialTIC– le han exigido a Sheinbaum y a la FGR llevar a cabo una investigación “imparcial, exhaustiva y sin independencia política” para sancionar a todos los responsables, sin importar su rango. No obstante, hasta el momento no se han emprendido acciones penales contundentes contra Peña Nieto u otros altos exfuncionarios por este caso. Críticos señalan que persiste cierta reticencia institucional para proceder contra exmandatarios; de hecho, acusan a la propia Fiscalía, encabezada por Gertz Manero, de proteger los intereses del antiguo régimen priísta en algunos expedientes sensibles.

En última instancia, la continuidad y profundidad de la investigación sobre Pegasus dependerán de la voluntad política de las autoridades mexicanas actuales. Si el caso avanza, podría sentar un precedente en materia de rendición de cuentas por espionaje gubernamental y corrupción tecnológica. De lo contrario, existe el riesgo de que quede impune, alimentando la desconfianza ciudadana en torno al compromiso real del gobierno con la justicia transicional.

7. Preguntas clave aún sin respuesta

• ¿Existen pruebas bancarias, contratos firmados u otros testigos que respalden la versión del soborno de 25 millones de dólares a Peña Nieto?
• ¿Funcionarios de menor rango en la PGR o en la SEDENA estuvieron involucrados o al tanto de la operación y uso del software espía Pegasus?
• ¿Podrían abrirse procesos judiciales internacionales (por ejemplo, en tribunales extranjeros o cortes internacionales) por el uso indebido de Pegasus contra civiles en México?

Estas incógnitas subrayan los vacíos de información que persisten. La resolución del caso Pegasus requerirá no solo de voluntad política, sino de una investigación rigurosa que aclare estas dudas y establezca responsabilidades, marcando así un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la vigilancia ilegal en México.

Fuentes: Reporte de MCCI, investigación Pegasus Project, diario The Marker de Israel, Animal Político, La Jornada, Infobae, DW, entre otros. Las referencias citadas proporcionan detalles adicionales sobre cada aspecto descrito.