Redacción/Quintana Roo Ahora
BRASIL.- Un error procesal aparentemente menor —la omisión de una notificación oficial a la Defensoría Pública— permitió anular una condena de 50 años de prisión por doble homicidio en el estado brasileño de Pernambuco.
El caso involucra a un hombre que pasó casi 13 años preso por un crimen que no cometió y que fue finalmente absuelto y liberado tras la intervención de defensores públicos durante la pandemia.
Según el medio G1, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado en 2012 y condenado en 2015 por supuestamente haber facilitado el asesinato de dos personas en Cabo de Santo Agostinho, en la región metropolitana de Recife. Desde el inicio, sostuvo su inocencia. No tenía antecedentes penales ni historial delictivo, y no existían pruebas directas que lo vincularan al crimen.
La acusación alegaba que él había salido a propósito para avisar a los autores del crimen que las víctimas estaban reunidas, y que las retuvo en el lugar para facilitar el ataque. Sin embargo, no hubo registros telefónicos ni pruebas materiales que respaldaran esa versión. Los testigos declararon únicamente que “escucharon decir” que él había participado en la planeación. La única sobreviviente del ataque afirmó que no lo reconocía como agresor y que solo le llamó la atención que saliera a atender una llamada. La mujer que realizó esa llamada fue localizada y declaró que únicamente lo contactó para preguntar por una casa en alquiler.
A lo largo del proceso, nunca se investigaron otras líneas de investigación ni se solicitó el levantamiento del secreto telefónico. Además, la Defensoría Pública no fue notificada, como exige la ley, por lo que el acusado pasó años en prisión sin una defensa adecuada. Mientras tanto, los otros dos acusados —supuestos autores materiales del crimen— fueron absueltos en juicios posteriores.
El error fue descubierto en 2020, cuando la defensora pública Mariana Resende Lima entrevistó al acusado en la Penitenciaría de Barreto Campelo. Al revisar el expediente, se constató que la notificación formal a la Defensoría nunca se realizó. Pese a que un juez rechazó inicialmente el recurso por considerarlo fuera de plazo, se logró demostrar la falla legal. El magistrado reconsideró su decisión y aceptó el recurso de apelación.
El Tribunal de Justicia de Pernambuco ordenó un nuevo juicio. El Ministerio Público reconoció el error judicial y solicitó la absolución del acusado, que fue finalmente aceptada. Tras su liberación, la Unidad Civil de la Defensoría Pública lo está orientando para iniciar un proceso de reparación e indemnización por los años que pasó injustamente encarcelado.
