Redacción / Quintana Roo Ahora
GUANAJUATO.- Cerca de 700 personas, presuntamente víctimas de trata con fines de explotación laboral, fueron localizadas en un rancho del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Así lo informó este sábado la Fiscalía General del Estado en un comunicado oficial, que revela un caso alarmante de presunta esclavitud moderna en pleno centro del país.
El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto en el que participaron autoridades locales y federales, incluyendo elementos de seguridad, procuración de justicia y organismos de protección a derechos humanos. El cateo permitió identificar a personas provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, todos con altos índices de pobreza y migración interna.
Aunque no se reportaron arrestos tras la intervención, las autoridades confirmaron que los trabajadores localizados se encontraban “en condiciones de vulnerabilidad” y que están recibiendo atención médica y psicológica. La magnitud del caso ha encendido alertas dentro de la estrategia nacional contra la trata de personas, especialmente en lo que respecta a la explotación laboral.
La Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por posibles delitos de trata de personas, en línea con los esfuerzos del Gobierno Federal por erradicar crímenes contra la dignidad humana. El rancho permanece asegurado y bajo resguardo para continuar las diligencias correspondientes.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a mayo de este año se han registrado 306 víctimas de trata en todo México. De ellas, siete fueron identificadas en Guanajuato. Paradójicamente, durante el mismo periodo del año pasado no se contabilizó ningún caso en esta entidad, lo que convierte al hallazgo actual en el más grave del estado en al menos dos años.
Este caso se suma a una serie de hechos recientes que evidencian la creciente crisis de derechos humanos en Guanajuato. Tan solo días antes, un incendio en un centro de rehabilitación en Irapuato dejó 12 personas muertas, lo que plantea preguntas sobre la capacidad del estado para garantizar condiciones seguras y humanas a sus poblaciones más vulnerables.
Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿cómo es posible que cerca de 700 personas sean explotadas sin que nadie se entere… hasta ahora? La respuesta parece estar en la intersección del silencio, la impunidad y la indiferencia institucional.
