Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a una iniciativa presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para prohibir los cobros para acceder a las playas públicas en México. La iniciativa también busca garantizar que existan pasos libres hacia las playas entre propiedades costeras y establecer un día de entrada gratuita a la semana en áreas naturales protegidas.
El objetivo de la iniciativa es que el principio de acceso universal a los bienes nacionales se convierta en una realidad tangible, sin que las medidas de conservación ambiental se transformen en barreras excluyentes. La iniciativa busca prohibir la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas, y obligar a los concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre a prever pasos públicos de uso común.
Ejemplo de Tulum
La iniciativa cita como ejemplo al municipio de Tulum, Quintana Roo, donde accesos a playas dentro de áreas naturales protegidas fueron restringidos bajo el argumento de conservación. En febrero de 2023, la Conanp comenzó a cobrar 58 pesos en el Parque Nacional Tulum, y desde diciembre pasado, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm) aplicó cobros en playas públicas de esa área natural, como Santa Fe, Pescadores y Paraíso, a las cuales incluyó dentro de su proyecto llamado Parque del Jaguar.
Impacto en la Comunidad
La iniciativa advierte que estas medidas han derivado en litigios, reclamos ciudadanos y tensión social, beneficiando únicamente a intereses particulares. El alcalde de Tulum, Diego Castañón, presentó esta propuesta a Ricardo Monreal como una forma de retirar por la vía legal las restricciones que enfrentan no solo los visitantes de Tulum, sino también sus habitantes.
Si se aprueba la iniciativa, las autoridades federales, estatales y municipales estarán obligadas a procurar por lo menos un paso de acceso público a las playas por tramo costero. El objetivo es que el disfrute del patrimonio natural del país no sea un privilegio sujeto a pago, sino un derecho accesible para todas y todos. La iniciativa busca equilibrar el interés ecológico con el mandato constitucional de acceso libre a las playas mexicanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su apoyo a la iniciativa, afirmando que «las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse». También adelantó que se revisa la posibilidad de establecer un día de acceso gratuito a las zonas arqueológicas del país.
