Agencias
TULUM.— El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo ha ordenado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) garantizar la demolición de la edificación «Adamar» en la bahía Solimán de Tulum. La decisión se debe a que la Profepa no ha dado seguimiento adecuado a la clausura del desarrollo, que fue ordenada en 2024 por construir sin autorización en un área protegida.
El desarrollo «Adamar» inició su construcción de manera clandestina y fue clausurado por la Profepa en 2024. A pesar de la clausura, la obra ha continuado su avance y actualmente cuenta con siete niveles edificados.
La empresa responsable, «Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.», no ha acatado el resolutivo de la Profepa para restaurar la zona a su condición original ni ha pagado las dos multas impuestas, que ascienden a 1 millón 400 mil pesos.
La sentencia del juez establece que la Profepa debe garantizar que el hábitat sea regresado a su estado original, lo que implica la demolición de la obra. Además, la Profepa deberá exigir el pago de las multas y constatar que se rehabilite el área de 731 metros cuadrados a su estado original. Esta decisión sienta un precedente importante, ya que establece que las autoridades deben actuar de manera inmediata y efectiva cuando exista un riesgo de daño ambiental grave e irreversible.
Para la organización DMAS, el fallo del juez es significativo, ya que enfatiza que las resoluciones de las autoridades deben ser cumplidas y que no basta con imponer clausuras o multas. La sentencia destaca que el derecho constitucional a un medio ambiente sano implica que las autoridades deben actuar sin demora y de manera efectiva para proteger los recursos naturales.
La Profepa tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión. La empresa responsable fue notificada del proceso, pero no acudió ni presentó algún escrito, lo que sugiere que ya no tiene posibilidad de inconformarse.
La activista Mónica Huerta destacó que esta sentencia es un paso importante para proteger el medio ambiente y garantizar que las autoridades cumplan con su deber de proteger los recursos naturales.
