Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la licencia temporal del diputado de Morena, Eric Arcila Arjona, quien apenas en junio pasado había asumido el cargo por el Distrito 7. A un año y tres meses de haber tomado protesta, deja el escaño para sumarse al Gabinete de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Aunque oficialmente no se ha confirmado, fuentes señalan que Arcila asumirá como Jefe de la Oficina de la Gobernadora, cargo que lo coloca como uno de los operadores de mayor cercanía política en la recta final del sexenio. El movimiento, sin embargo, plantea preguntas sobre el compromiso con los votantes que lo eligieron y la funcionalidad de un Congreso que se convierte en plataforma de paso, más que en espacio de contrapeso.
Arcila, quien ha transitado por distintos puestos en la administración municipal —del Instituto de la Juventud al Instituto Municipal del Deporte—, llega ahora a una posición estratégica en el Ejecutivo. Su designación no solo fortalece el círculo más cercano de Lezama, sino que lo proyecta como una carta política rumbo a 2027, particularmente para la presidencia municipal de Cancún.
El ascenso relámpago de Arcila pone en evidencia una práctica recurrente en la política local: los “chapulines” que brincan de cargo en cargo sin rendir cuentas a la ciudadanía. La licencia aprobada sin debate ni objeción por los 24 diputados presentes refleja un Congreso alineado más al poder Ejecutivo que al mandato popular.
Con apenas unos meses de trabajo legislativo, el diputado deja atrás compromisos de campaña y un distrito que ahora verá pasar a un suplente con menor legitimidad electoral. Mientras tanto, la narrativa oficial se centra en “cerrar filas” y “consolidar proyectos”, más que en garantizar representatividad y transparencia.
El caso de Arcila confirma que en Quintana Roo el camino hacia futuras candidaturas se pavimenta desde las oficinas del poder y no desde los espacios de representación ciudadana. Para la ciudadanía, la pregunta sigue abierta: ¿quién legisla realmente en su nombre cuando los votos se convierten en moneda de cambio político?
