Redacción / Quintana Roo Ahora
COZUMEL, Quintana Roo, 1 de septiembre de 2025.– La denuncia de una familia ha sacudido a la opinión pública en la isla, luego de que los padres de una niña de 9 años relataran que su hija fue presuntamente secuestrada y abusada sexualmente por un militar dentro de las instalaciones de la base militar de Cozumel.
En una entrevista con el medio digital Código Rojo, los progenitores narraron los momentos de angustia que vivieron la noche del 30 de agosto, cuando recibieron mensajes de auxilio de la menor con ubicación al interior del cuartel. Tras una búsqueda desesperada, la niña fue encontrada en la zona de las rampas cercanas a la instalación militar, alterada y con un testimonio que involucraba a un elemento del Ejército, identificado más tarde como Jairo Pérez.
De acuerdo con el relato, el militar obligó a la menor a ingresar a la base sin que la caseta de vigilancia impidiera su acceso. Dentro del inmueble, la llevó a su residencia, donde había otras niñas, y procedió a tocarla indebidamente. Posteriormente, la trasladó a un área cubierta de hierba en la misma zona militar, donde volvió a agredirla bajo amenazas, antes de abandonarla en la vía pública.
Acusan revictimización y presiones
La madre denunció que, tras el hallazgo, en la Fiscalía General del Estado fue presionada para declarar sin que su hija recibiera atención médica o psicológica inmediata. Aseguró que su testimonio fue alterado por una funcionaria, introduciendo datos falsos que vinculaban a la familia con el presunto agresor. Asimismo, relató que la obligaron a firmar un documento sin leerlo bajo la advertencia de que, de no hacerlo, el militar quedaría libre.
La familia señaló también hostigamiento institucional: vigilancia indebida, interrogatorios a personas que los auxiliaron y la visita de personal del DIF a su domicilio para cuestionar a sus otros hijos en ausencia de los padres.
Por su parte, el presidente municipal fue señalado de minimizar los hechos, ofrecer apoyos escolares a manera de “compensación” y de instruir al hospital y a la fiscalía a restringir la comunicación de los padres con medios de comunicación.
Exigen justicia
“Si algo nos pasa a mí, a mi familia o a mi hija, hago responsables a la milicia, a la Fiscalía y al presidente municipal”, declaró la madre, visiblemente afectada. El padre denunció que las limitaciones impuestas en el hospital y en la fiscalía les impidieron buscar apoyo externo oportuno.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ayuntamiento de Cozumel han emitido postura oficial sobre el caso. Sin embargo, la entrevista difundida por Código Rojo ya generó reacciones en organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que exigen justicia para la menor y una investigación imparcial que no quede en la impunidad.
