Paso En Falso
En Quintana Roo, la política verde parece más cercana al color del dinero que al de la ecología. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, actual dirigente del Partido Verde Ecologista y líder de la bancada en el Congreso local, ha protagonizado un caso que exhibe de cuerpo entero la obscena brecha entre ingresos declarados y bienes acumulados. Entre 2021 y 2025, este funcionario ha logrado adquirir dos mansiones de lujo con un valor total de 9 millones 617 mil pesos, además de vehículos y propiedades adicionales, de acuerdo con documentos que circulan en redes. El detalle es escandaloso: en sus primeros dos años como diputado apenas reportó 53 mil pesos en 2022 y 770 mil en 2023. ¿Cómo se explica entonces que en 2024 declarara un ingreso súbito de 4.1 millones de pesos, de los cuales 3.3 millones supuestamente provinieron de un “convenio de reconocimiento de adeudo” en el Congreso?
Los números simplemente no cuadran. Con ingresos totales como servidor público por poco más de 6.1 millones de pesos, Sánchez Tajonar ha realizado compras que superan los 12 millones de pesos, incluyendo propiedades, autos y lujos no declarados. El 31 de julio de 2024, por ejemplo, adquirió en Cozumel un terreno por 4 millones de pesos al contado, ante el notario Javier Jesús Cárdenas Rivero. La operación se realizó mediante ocho transferencias bancarias de medio millón de pesos cada una, cinco en un solo día (30 de marzo de 2024) y tres más en julio, de acuerdo con lo documentado en un reportaje especial de un medio quintanarroense. Para cualquiera que entienda de banca, estas operaciones implican flujos que exceden por mucho los ingresos mensuales de un legislador promedio.
A pesar de vivir como un potentado, las declaraciones patrimoniales del diputado pintan un retrato casi caricaturesco: asegura no tener televisores, ni computadoras, ni siquiera muebles. Una paradoja grotesca: un político que compra casas millonarias, pero que según sus reportes duerme en el suelo. Este tipo de omisiones en las declaraciones no son inocentes, son mecanismos de simulación para ocultar un estilo de vida que solo se puede sostener con recursos de origen incierto. Y ese es el núcleo del problema: cuando un representante popular vive por encima de sus posibilidades, no es un asunto privado, es un insulto al erario y a la confianza ciudadana.
El caso de Renán Sánchez Tajonar no es una anécdota aislada, sino un síntoma de lo que se ha convertido en regla en Quintana Roo: políticos que usan los cargos públicos como trampolín patrimonial, acumulando propiedades y fortunas a la sombra de su “representación popular”. La pregunta es obligada: ¿de dónde proviene el dinero que permite estas adquisiciones? Mientras la sociedad enfrenta carencias, inseguridad y desigualdad, sus supuestos representantes parecen dedicados a engordar cuentas bancarias y patrimonios. En un estado donde la corrupción ha sido el sello de varias administraciones, este caso confirma lo evidente: el poder político sigue siendo, para algunos, el negocio más rentable de todos.
