
Tulum, Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, obtuvo el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva por dos años en contra de Irvin Abisai «N», por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Los hechos se remontan al 25 de junio del presente año, cuando el ahora imputado, acompañado de otros sujetos, llegó a un negocio de venta de alimentos ubicado en la avenida Tulum entre calles Centauro y Orión, en la colonia Centro de Cancún. Ahí, amenazó al dueño exigiéndole el pago de 20 mil pesos mensuales como «derecho de piso».
De acuerdo con las investigaciones, Irvin Abisai «N» advirtió que, de no cumplir con la exigencia, quemarían y dispararían contra el local, además de privar de la vida a empleados, clientes y al propietario.
Cabe destacar que el imputado había sido empleado del mismo establecimiento que intentó extorsionar, y según los primeros indicios, formaría parte de un grupo criminal generador de violencia en la zona.
Ante la negativa de la víctima para pagar la cantidad solicitada, el 25 de agosto el acusado regresó al lugar para prender fuego al local, provocando daños en el techo de palma y otros perjuicios materiales.
Tras ser plenamente identificado como el responsable del incendio, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual se cumplimentó cuando el sujeto transitaba por la calle Polar Poniente entre Júpiter y Alfa Norte, también en la colonia Centro.
Una vez detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. En audiencia inicial, el juez de control analizó los datos de prueba y determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión agravada, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años o el tiempo que dure el proceso penal en su contra.
La FGE refrenda su compromiso de combatir la extorsión y demás delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía, y recuerda la importancia de denunciar cualquier intento de cobro de «derecho de piso» o extorsión a través de los canales oficiales.