Palabras más, palabras menos, el gobierno debe proponer, regular y verificar que exista un transporte público colectivo que mueva a los habitantes del estado de Quintana Roo de un sitio a otro. Eso dicen las leyes en la materia. Más aún, con el nacimiento del Instituto de Movilidad —creado en el sexenio anterior—, la ley establece que se debe poner a la persona humana en el centro de la movilidad. Luego entonces, el servicio debe prestarse de manera digna y eficaz, algo que hasta ahora no se ha logrado a satisfacción.
Anuncia el gobierno del estado que pedirá (¿o exigirá, condicionará, presionará?) a los ayuntamientos que cedan sus facultades en materia de transporte público colectivo, particularmente en lo relativo al transporte urbano de camiones, al gobierno estatal. Además, pretende hacerlo de forma rápida o fast track, como comúnmente se dice. Para ello, usarán a las y los diputados de la XVIII Legislatura, quienes —sin muchas explicaciones— darán celeridad y cumplirán con el capricho más que con el proyecto. Y es que muchas de las cosas que se han hecho (o deshecho) en materia de movilidad, se han hecho así: sin planeación ni diálogo.
De fresca memoria para los cancunenses es aquel 2012, cuando con la aparición (creación del hoy preso Beto Borge) de las TTE (Transporte Terrestre Estatal), la ciudad y su periferia se llenaron de combis que generaron una competencia desleal para la ya frágil infraestructura del transporte colectivo en camiones. Cuatro compañías se disputaban la ciudad de Cancún. Ahora mismo siguen las mismas, y con ellas un despedazadero de miles de concesionarios que transportan como animales, de forma indigna y peligrosa, a las y los benitojuarenses. Las combis superan la capacidad permitida y, en dos gobiernos estatales —este y el anterior—, se ha tolerado esta actividad, haciéndose cómplices de los muertos y heridos en accidentes que pudieron evitarse si la autoridad hubiera hecho lo que debía hacer.
Ahora el gobierno del estado quiere disponer del transporte colectivo de los municipios para hacer… no se sabe bien qué. Tendrá que hacer algo nuevo, y algo nuevo sería terminar con las concesiones vigentes y abrir nuevas, donde podría entrar el ADO, que desde hace tiempo acaricia la oportunidad de participar en el juego. El tema aquí es que el gobierno del estado —este y los de antes— no ha podido resolver los problemas del transporte público. Al igual que hacía el PRI, no resuelve los problemas: los cobra.
La incapacidad para dialogar con las presidencias municipales y un talante cada vez más autoritario comienzan a trazar una ruta de tristes recuerdos en Quintana Roo. Ojalá que quien asesore a la gobernadora mida la temperatura política del estado: el horno no está para bollos. Si de verdad quieren resolver el problema del transporte público, empiecen por las TTE.
