Redacción / Quintana Roo Ahora
Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron a Reuters fuentes mexicanas.
Aunque algunos casos ya habían salido a la luz, un reporte de Reuters revela que las cancelaciones son mucho más extensas de lo que se había informado previamente. Según exembajadores estadounidenses, si bien revocar visas ha ocurrido en administraciones anteriores, nunca con esta magnitud, lo que refleja la voluntad de Trump de usar esta herramienta diplomática para objetivos políticos.
“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México (2011-2015).
Entre los afectados se encuentran más de 50 políticos del partido gobernante Morena, así como decenas de funcionarios de otros partidos. Hasta ahora, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de su visa, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Estados Unidos no está obligado a explicar las revocaciones, y el umbral para retirarlas es mucho menor que para imponer sanciones o iniciar procesos judiciales. Un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que “las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.
Esta estrategia se enmarca en un contexto más amplio de presión estadounidense en América Latina, donde también se han revocado visas a políticos y funcionarios de Colombia, Brasil y Costa Rica, por razones que van desde críticas al gobierno de Trump hasta presuntos vínculos con el crimen organizado.
En México, estas revocaciones generalizadas, especialmente contra miembros de Morena, podrían complicar la ya delicada relación bilateral, incluso en medio de negociaciones comerciales y de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por colaborar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, pero ha rechazado cualquier medida que amenace la soberanía del país.
Analistas advierten que estas acciones podrían generar tensiones adicionales y afectar la cooperación en materia de seguridad, al tiempo que dejan a muchos funcionarios en la incertidumbre sobre si están siendo investigados penalmente por autoridades estadounidenses.
