octubre 29, 2025

Redacción/Quintana Roo Ahora

Cancún.– Luego de que ayer fueran vinculados a proceso dos exservidores públicos de la Fiscalía General del Estado por presunta negligencia en la investigación de la desaparición y muerte de Francisca Mariner Patrón, ocurrida el 22 de junio de 2020, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo confía en que otros cuatro exfuncionarios, entre ellos el exfiscal Óscar Montes de Oca, también sean procesados.

Los vinculados a proceso son un exfiscal de Homicidios y un exagente del Ministerio Público, quienes habrían incurrido en irregularidades que retrasaron el acceso a la justicia para la víctima y su familia. Durante casi cinco años, los familiares realizaron búsquedas por cuenta propia, mientras el cuerpo de la joven permanecía en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Finalmente se dio la vinculación a proceso. Fue una audiencia muy larga, sabíamos que nos iban a dar batalla. No olvidemos que luchamos contra abogados con conocimientos y con manías, pero ha valido la pena porque tenemos fundamentos y pruebas suficientes para responsabilizarlos”, declaró María Pat, madre de la víctima y dirigente del colectivo, en entrevista telefónica.

Con esta resolución, suman tres los exfuncionarios procesados por irregularidades en el caso de Francisca Mariner. Sin embargo, la madre precisó que aún faltan cuatro más por ser llamados a rendir cuentas: un perito, el director de periciales, un químico y el exfiscal Óscar Montes de Oca.

“Confiamos en que también serán vinculados. Estamos trabajando en ello, recabando pruebas para judicializar la carpeta y solicitar la audiencia”, agregó.

Por su parte, la abogada de la familia, Ariadne Song, informó que la resolución se dictó tras una tercera audiencia que se prolongó por casi 11 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.

“El día de hoy se sentó un precedente a nivel nacional y en Quintana Roo”, señaló la abogada, tras la sesión realizada en la sala de juicios orales.

El juez de control consideró que existían elementos suficientes para imputar a los exfuncionarios por los delitos de negligencia en el desempeño de la función pública e infidelidad en el manejo de documentos oficiales.

El juez impuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, no acercarse a la madre de la víctima ni contactar a testigos del caso. Ambos enfrentarán el proceso en libertad. Se prevé que la causa judicial dure aproximadamente dos años, con tres meses destinados a la investigación complementaria.

Los imputados cuentan con un plazo de tres días para apelar la decisión, y deberán entregar a la Fiscalía documentos como pasaportes que les permitirían salir del país.

María Pat recordó que el exfiscal de Homicidios fue quien levantó el cuerpo de Francisca Mariner, el cual permaneció en el Semefo casi cinco años sin que se ordenara una prueba genética que confirmara su identidad.

A pesar de que un estudio antropológico señalaba que los restos correspondían a una mujer joven de entre 16 y 20 años, el funcionario omitió remitir el caso al área de Feminicidios. Además, cuando la unidad de Personas Desaparecidas solicitó información sobre cuerpos con características similares, el fiscal negó tener registros, ocultando datos clave para el esclarecimiento del crimen.

El otro exfuncionario, un agente del Ministerio Público, habría mantenido inactiva la carpeta de investigación durante más de cuatro años.

Francisca Mariner, de 17 años, fue asesinada el 22 de junio de 2020 en la vivienda que compartía con su expareja, Ángel Conrado Salas Blanco, quien ya fue condenado a 50 años de prisión por feminicidio y desaparición. Su cuerpo fue hallado el 21 de julio de ese mismo año.

El pasado 21 de diciembre, luego de cuatro años y medio de búsqueda, la madre de Francisca localizó el cuerpo de su hija en las instalaciones del Semefo, tras una larga lucha por justicia.

“Queremos recordar a la gente que estas situaciones de negligencia y omisiones de servidores públicos deben denunciarse. Nuestras carpetas pueden proceder. Somos la voz de los hijos desaparecidos y, como víctimas, merecemos respeto”, expresó María Pat.

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