Agencias / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.- Tras la reciente difusión de que Uber obtuvo un amparo contra detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional en los aeropuertos del país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que dicha medida no implica autorización para prestar servicio en zonas federales, como los aeropuertos.
La dependencia subrayó que la suspensión judicial únicamente impide detenciones irregulares, pero no otorga permiso para recoger pasajeros en instalaciones federales sin la autorización correspondiente, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El tema ha generado debate nacional, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde los enfrentamientos entre transportistas concesionados y conductores de plataformas digitales han sido frecuentes.
José Bizarro Galván, representante del Movimiento TOUR AC, celebró el pronunciamiento de la SICT y recordó que “la ley sigue siendo clara: para operar en zonas federales se necesita un permiso otorgado por la SICT. Si las plataformas no tramitan esos permisos, no pueden cargar pasaje en los aeropuertos”.
Por su parte, Águeda Esperilla, vocera de los conductores de Uber en Cancún, coincidió en que el fallo no concede permisos, aunque consideró que representa un avance al proteger a los operadores de sanciones indebidas.
“Se ha malinterpretado la resolución. La jueza solo determinó que la Guardia Nacional no puede multarnos, pero eso no significa que tengamos autorización para trabajar en el aeropuerto”, explicó.
Esperilla comparó la situación con la que se vive a nivel estatal, donde las plataformas operan bajo amparos que impiden sanciones, pero sin estar reguladas formalmente. “En Quintana Roo no estamos regulados, pero tampoco se nos puede detener. En el aeropuerto sucede lo mismo: no hay permisos, pero sí protección ante actos arbitrarios”, añadió.
Tanto conductores como transportistas coincidieron en que el conflicto se debe a la falta de un marco legal actualizado que regule la operación de plataformas digitales en zonas bajo jurisdicción federal.
