noviembre 25, 2025

Redacción/Quintana Roo Ahora

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado reveló que el asesinato del agente de la Policía de Investigación, ocurrido el pasado 16 de noviembre en la Plaza de Toros, fue un ataque directo de venganza ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en respuesta a múltiples operativos, detenciones y decomisos realizados en su contra.

Durante la conferencia de la Mesa de Seguridad, el fiscal Raciel López Salazar informó que los responsables del homicidio de Adalberto Altamirano Olarte pertenecen al CJNG y cuentan con presencia en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Hasta el momento, siete hombres —entre ellos un menor apodado “Cuba”— han sido detenidos y vinculados a proceso.

Los agresores, identificados como José Daniel “El Tigre”, César Alexis “Tierno”, Juan José “El Caballo”, Juan Ricardo “Chapa” y Gregorio Nicolás “N”, llegaron a Quintana Roo provenientes de Jalisco y Michoacán. Contaban con adiestramiento en armas y tácticas de supervivencia, con el objetivo de fortalecer las operaciones del grupo criminal en la región.

Según la investigación, la célula criminal vigiló al agente durante al menos dos horas la madrugada del ataque, tras recibir la orden de ejecutarlo como mensaje directo a la Fiscalía. Le dispararon en 17 ocasiones, de las cuales 10 impactos lo alcanzaron, causándole la muerte inmediata. Después del ataque, arrojaron dos armas en un área verde de la supermanzana 4 y huyeron hacia Playa del Carmen.

Una de las armas aseguradas durante las detenciones resultó relacionada con un ataque ocurrido el 10 de noviembre contra una pareja, donde el hombre murió y la mujer embarazada perdió a su bebé horas más tarde en el hospital.

El fiscal López Salazar destacó que este grupo forma parte de un comando armado al servicio del CJNG y que el ataque se debió a los contundentes golpes que la autoridad ha dado en su contra este año: 138 integrantes detenidos, 52 armas largas, 22 cortas, ocho granadas, chalecos, drones y grandes cantidades de droga aseguradas.

Los siete detenidos permanecerán en prisión preventiva durante dos años, o el tiempo que duren las investigaciones complementarias.

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